En una providencia, el juez informa a la Conferencia Episcopal de que deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España, un total de 22.827, para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella época.
El fin de esta providencia es elaborar un censo de desaparecidos y determinar si él es competente para atender las peticiones de al menos cuatro asociaciones para la memoria histórica, varios particulares y el sindicato CNT, de abrir diligencias de varias denuncias de personas desaparecidas durante el franquismo.
La petición del juez se extiende a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial. Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica, al que le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.
De la misma forma, ha pedido a los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que le faciliten los datos personales de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades a partir del 17 de julio de 1936.
Garzón requiere a una de las ocho asociaciones de familiares desaparecidos que se personan en la causa, que le aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".
A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes de los desaparecidos así como las circunstancias en las que se produjeron las mismas.
La Conferencia Episcopal dice que no ha recibido la providencia
Fuentes oficiales de la Conferencia Episcopal Española han declarado que todavía no han recibido la providencia del juez Garzón solicitando el permiso para el acceso de la Policía Judicial a sus archivos. En cualquier caso, informaron de que cuando los obispos la recibieran estudiarían el documento y adoptarían las decisiones oportunas.
A falta de conocer el contenido textual, las fuentes han comentado que la CEE no sería competente para tomar una decisión al respecto puesto que las parroquias dependen de los obispados de cada provincia eclesiástica, y serían los prelados, de manera individual, los que, en su caso, podrían conceder el permiso para acceder a esos archivos.
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