Garzón compareció durante más de dos horas ante el magistrado Luciano Varela, instructor en el TS de la querella por prevaricación que el sindicato ultraderechista 'Manos Limpias' y la asociación 'Libertad e Identidad' interpusieron contra él.
Las dos asociaciones consideran que el juez de la Audiencia Nacional cometió un delito de prevaricación -que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas- al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975) siendo consciente de que no lo era.
Por su parte, Garzón en su recurso ante el Tribunal Supremo niega haber prevaricado y recuerda que ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como "extravagante, absurda o esperpéntica" o como constitutiva de un delito de prevaricación. Estima además que si lo que se considera prevaricación es el hecho de declararse competente "la situación injusta ya se habría resuelto" con la inhibición y con la estimación de la cuestión de competencia que planteó el fiscal ante la Sala.
El juez decidió en noviembre de 2008 inhibirse de esta causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declararse competente para instruir este procedimiento. La actuación de Garzón fue respaldada el pasado lunes por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que desde Ginebra expresó su preocupación por la investigación abierta. CGS/RSO
Baltasar Garzón ha sostenido que al abrir una causa sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo no se apartó de la "finalidad legal" de investigar los hechos, depurar las posibles responsabilidades y, especialmente, dar protección a las víctimas.
Así, y a pesar de que el juez dirigió oficios solicitando información a varios organismos oficiales, la mayor parte de los datos sobre este extremo que obraban en la causa eran los aportados por las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica.
La defensa de Garzón estudia ahora la posibilidad de presentar un escrito pidiendo el archivo de la causa, ya que considera que tras la declaración de éste ha quedado suficientemente aclarado que no cometió prevaricación.