La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia ratifica el cese de García Fuster como secretaria del PP

EUROPA PRESS 29/01/2016 13:55

García Fuster está imputada --investigada de acuerdo con la nueva terminología de la Lecrim-- en la causa que investiga este caso por delitos de cohecho, malversación, blanqueo y tráfico influencias. El pasado miércoles, tras su detención el martes y declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que instruye el caso Imelsa, quedó en libertad y se acordó una fianza de 150.000 euros para afrontar una eventual condena. El magistrado adoptó esta medida en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.

El cese de la ya exsecretaria del PP en el consistorio de la capital valenciana se ha formalizado en la Junta de Gobierno Local de este viernes después de que la concejala y portavoz adjunta de este grupo municipal, Mª Àngels Ramón-Llin, anunciara ayer jueves antes de comenzar el pleno ordinario de la corporación que su formación había decidido cesarla como asesora y secretaria.

Ramón-Llin explicó que "tal como se habló con el alcalde" de la ciudad, Joan Ribó (Compromís), el grupo municipal 'popular' había determinado proceder "a dejar sin efecto" el nombramiento de García Fuster como secretaria. Así, destacó que el PP tenía previsto "hacer efectivo" esta decisión "rápidamente" con el registro del correspondiente escrito en el consistorio y "dejar sin efecto" dicho nombramiento.

Este documento, consultado por Europa Press, se registró ayer jueves y ha llegado a la Junta de Gobierno Local de este viernes. Este órgano ha ratificado el cese como personal eventual García Fuster a instancias del grupo municipal 'popular'.

El escrito, que ha llegado a través del servicio de personal, recuerda que la ya exsecretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia fue nombrada para este cargo por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 3 de julio de 2015, "con efectos de incorporación desde el 13 de junio de 2015", tras las últimas elecciones municipales.

De este modo, el consistorio "da por finalizada la relación de naturaleza administrativa existente entre la interesada y la corporación" local, "sin perjuicio de los derechos económicos que pudieran corresponderle hasta el día de la adopción del acuerdo".