El Gobierno catalán rechaza el almacén nuclear en vísperas de la decisión de Ascó

El Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) ya tomó el pasado 22 de enero la determinación de presentar candidatura para albergar este almacén, y su alcalde, Rafael Vidal (CiU), ha convocado para mañana un pleno extraordinario para debatir la posible candidatura.

Todo apunta a que el equipo de gobierno (CiU y PSC) votará a favor del emplazamiento, lo que ha provocado en los últimos días manifestaciones en contra y avisos de apertura de expedientes informativos por parte de la dirección de los nacionalistas.

Es en este debate en el que los socios de Gobierno habían pedido a Montilla que fijase su opinión sobre el futuro almacén.

Hoy, el presidente de la Generalitat ha afirmado que no quiere el ATC por la falta de consenso, si bien ha dicho que es una "necesidad" en España.

Montilla ha recordado que Cataluña alberga centrales nucleares que producen "más del 40 por ciento" de la energía de todo el país y ha pedido al Ejecutivo que sea "sensible" al posicionamiento del Gobierno catalán.

Según Montilla, para decidir la ubicación "hay que tener en cuenta aspectos de solidaridad y equilibrio territorial", lo que ha sido contestado por el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, quien ha manifestado que el concepto de solidaridad no sirve para definir la política energética en España.

Montoro ha criticado que los ayuntamientos puedan presentar candidaturas de forma unilateral "sin que nadie ponga orden ni concierto" y, si bien ha rechazado opinar sobre la ubicación del ATC, ha señalado, en relación a la decisión de los cargos del PP en Yebra (Guadalajara) de apoyar esta candidatura, que: "si alguien se presenta a las elecciones por un partido tiene que atenerse a sus normas".

Sin embargo, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, ha asegurado que su partido "respetará" al equipo de gobierno de Ascó.

Sánchez-Camacho, al igual que otros portavoces de formaciones catalanas, ha criticado la tardanza de Montilla en pronunciarse.

El presidente de CiU, Artur Mas, después de lamentar el "silencio presidencial", ha valorado que Montilla haya cambiado de opinión.

Mas ha subrayado que CiU no es contraria a la energía nuclear como concepto, pero "no puede ser que sus costes de implantación no se repartan más homogéneamente en el conjunto del Estado español".

Para Mas, "entra dentro de la lógica" que el alcalde de Ascó defienda la ubicación del almacén nuclear en su municipio, pero "debe entender que esto no es una granja de conejos".

"Si considera que el interés de su pueblo pasa por delante de cualquier otra cosa, esto tiene consecuencias, y una de ellas es que nuestro partido debe abrirle un expediente informativo", ha avisado.

ICV también ha celebrado las declaraciones de Montilla y ha avanzado que pedirá un nuevo pronunciamiento del Parlamento catalán en contra del ATC.

El presidente del comité de gobierno de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha acusado a Montilla de ir "a remolque" de lo que dice sus socios de ERC e ICV-EUiA y ha apostado por abrir un debate sobre si a España le convendría expandir la generación de energía nuclear.

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, también se ha referido a la negativa de los presidentes autonómicos, Montilla y José María Barreda (Castilla-La Mancha), de que sus comunidades alberguen un ATC.

"Aquellos ayuntamientos que tengan consenso podrán ser candidatos; eso es lo que opina y apoya el PSOE, dentro de una posición sobre la energía nuclear que es conocida: ir poco a poco sustituyéndola", ha resumido.

Además, ha tachado de incoherente al PP por defender que haya más centrales nucleares en España y oponerse a un ATC, y ha garantizado que para decidir la ubicación de este almacén, que guardará 7.000 toneladas de combustible de las centrales en cápsulas de acero, se escuchará la opinión de comunidades y ayuntamientos.

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha manifestado estar "radicalmente en contra" de instalar un ATC en la Comunidad de Madrid y ha agregado que Yebra no es una "localización idónea".

Por su parte, Greenpeace ha considerado un fracaso el proceso emprendido por el Gobierno y ha dicho que antes de elegir el lugar busque un consenso social verdadero y amplio.