El predio fue dejado en manos del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), iniciativa de la Compañía de Jesús con proyectos en 31 municipios de la conflictiva región que le da el nombre, la de la cuenca media del río Magdalena.
"Que los campesinos sean dueños de su propio destino", expresó Santos tras entregar a dos líderes de los labriegos el contrato de administración de esta hacienda, situada en la zona rural de la población de Simití.
La cesión fue formalizada en Barrancabermeja, conflictivo puerto fluvial y petrolero de Santander, uno de los cinco departamentos colombianos con territorio sobre el Magdalena Medio.
La finca, sembrada con palmas de aceite y en abandono, había sido usurpada por "Macaco", alias del extraditado a Estados Unidos Carlos Mario Jiménez, antiguo jefe del Bloque Central Bolívar (BCB), el más grande de la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Unas 400 familias serán las beneficiadas con este predio, que conforma el conjunto de más de cinco millones de hectáreas de tierras rurales arrebatadas a los desplazados colombianos.
"Su drama (el de los desarraigados sin tierra) nos toca a todos los colombianos y es una historia que queremos dejar atrás", dijo Santos, quien presentó el plan junto al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
La primera restitución fue aplaudida por el provincial de los jesuitas, Francisco de Roux, fundador y primer director del PDPMM.
"Es el comienzo de la realización de un sueño", dijo De Roux, quien confió en el que el Estado lleve este proceso "a lo más profundo".
Un objetivo que fue refrendado por el ministro Restrepo, como una causa impostergable: la de que "las tierras de las que fueron despojados injustamente centenares de miles de familias campesinas vuelvan a su propiedad, vuelvan a su control y vuelvan a su trabajo".
El del despojo es un problema que tomó auge con el conflicto armado interno, desde la consolidación de las guerrillas que surgieron a partir de 1964 y la aparición posterior de los paramilitares.
Más de 4,5 millones de desplazados ha dejado esta confrontación, por cálculos de la Iglesia Católica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes, no gubernamental), que documentan desde 1985 estos fenómenos y cuyos censos muestran que el 94 por ciento de los desarraigados poseían tierras.
La restitución a este colectivo, que es el centro de la Política Integral de Tierras, había sido anticipada por Restrepo hace pocos días en el Legislativo, convencido de que no sería tarea fácil, pero sí de que es cuestión de justicia con los desplazados.
"Esta política de tierras va a levantar ronchas, va a pisar callos", admitió Restrepo, cuya meta es la de restituir dos millones de hectáreas en cuatro años, contra las 68.000 hectáreas devueltas en los dos mandatos de Álvaro Uribe, correligionario de Santos que gobernó de 2002 a 2010.
Restrepo la ha justificado con cifras, como las de que la superficie continental del país es de 114,17 millones de hectáreas, de las cuales el 44,6 por ciento (50,91 millones de hectáreas) tiene un uso agropecuario.
Del área menor, 4,9 millones de hectáreas son agrícolas, en el 90 por ciento para productos de la "canasta básica alimentaria".
El cultivo de café ocupa el 18 por ciento del área, seguido de los de maíz (13 por ciento), arroz (10 por ciento), plátano (9,3 por ciento), cañas de azúcar (8,8 por ciento), palma africana (7,8 por ciento) y frutales (5 por ciento). Los seis ocupan casi el 55 por ciento de la superficie sembrada.
En contraste, 38,6 millones de hectáreas tienen uso ganadero, cuando sólo 20 millones de ellas son aptas para esta actividad, mientras que la de plantaciones forestales es de sólo 350.000 hectáreas.
Son áreas y usos que han llevado a Restrepo a concluir que su país puede dedicar a la agricultura unas 21,5 millones de hectáreas adicionales y otras 14 millones a forestales.
Pese a ello, en el fondo hay otro problema, que ha sido a la vez causa y efecto del conflicto armado.
Es el de la propiedad. Las cifras disponibles muestran que, a 2002, el 61,2 por ciento de los predios rurales estaba en poder del 4 por ciento de los propietarios totales.