El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, señaló que la campaña, a la que se le ha dado el nombre de "El salto estratégico", incluye acciones militares y también medidas para la recuperación y control social de todo el territorio colombiano.
"Con esta campaña militar y social, y acciones contra la guerra política y jurídica, daremos el 'salto estratégico' para vencer el 'narcoterrorismo' y sentar las bases de un futuro de paz", aseveró en una conferencia internacional sobre lucha contra el terrorismo que se celebra desde hoy en Bogotá.
La ofensiva, explicó el ministro, ha partido de la identificación de zonas en las que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen una "capacidad militar creíble", para lanzar en ellas una "campaña militar masiva y sostenida".
El plan tiene seis puntos básicos, entre ellos uno relacionado con "un esfuerzo de contención (de las guerrillas) en las fronteras y en las áreas a donde se moverían sus estructuras cuando ataquemos sus zonas de base, anticipando sus movimientos", dijo.
Santos indicó también que el Gobierno colombiano enfrentará, sin temor, la "guerra política y jurídica de estos grupos" que infiltran la sociedad o "generan 'shows' mediáticos de liberaciones a cuentagotas".
El anuncio de Santos es hasta ahora el primer pronunciamiento del Gobierno en relación a las FARC desde que el domingo se conoció la comunicación enviada por su alto mando al grupo Colombianas y Colombianos por la Paz que encabeza la senadora Piedad Córdoba.
La novedad de esa comunicación, que fue recibida como una señal de esperanza no solo por el grupo de Córdoba sino por los familiares de policías y militares secuestrados, es que la guerrilla se declara "en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable".
Hasta ahora, las FARC habían reclamado que se desmilitarizara una zona del suroeste del país para entablar un diálogo con el Gobierno con vistas a intercambiar policías y militares secuestrados por guerrilleros presos, a lo que se oponía tajantemente el presidente de Álvaro Uribe.
El comunicado de las FARC además de esperanza generó preocupación, pues el grupo guerrillero solo menciona 20 secuestrados "canjeables" y hasta ahora la cifra era de 22, y también dice tener solo nueve secuestrados por motivos económicos, cuando la cifra que se baraja es de unos 700.
"Es absolutamente inadmisible", declaró hoy a la prensa en Bogotá la directora de la Fundación País Libre, Olga Lucía Gómez, sobre la cifra de nueve secuestrados con fines económicos.
Según las FARC, esas nueve personas están en su poder en virtud de la "Ley 002", un "impuesto para la paz" adoptado en marzo de 2000, cuando esa organización armada llevaba adelante un proceso de paz con el Gobierno que terminó en fracaso dos años más tarde.
La "disposición" guerrillera establece que las personas jurídicas o naturales con un patrimonio superior al millón de dólares están obligadas a pagar a la organización un "tributo" del 10 por ciento y, de no hacerlo, serán "retenidas" y su "liberación dependerá del pago que se determine".
En un mensaje público divulgado hoy en Bogotá, el grupo Colombia Soy Yo (CSY) le exigió al mando rebelde que diga la verdad sobre el número de personas que mantiene secuestradas.
"No hacemos uso y abuso de las armas, de las mentiras, de los engaños, no privamos de la libertad a cientos de personas, bajo 'supuestas leyes'", enfatiza la agrupación CSY, surgida en la red social Facebook y que promovió la gran movilización mundial contra las FARC realizada el 4 de febrero del año pasado.
El grupo civil recogió cifras de País Libre que muestran que esta guerrilla es la responsable de 713 de los 2.829 casos de secuestro que se tienen registrados en el país.
En la cifra están incluidos los 22 militares y policías que las FARC pretenden canjear por medio millar de sus presos, mediante un acuerdo con el Gobierno.
"No sabemos si (muchos del total de secuestrados) están vivos o muertos", advirtió la directora de la Fundación País Libre, organización contra el secuestro y de asistencia a víctimas y familiares creada en 1991 por iniciativa del actual vicepresidente del país, el periodista Francisco Santos, quien pasó ocho meses en manos del desaparecido cártel de la cocaína de Medellín.
Según los registros oficiales, en Colombia se registraron 24.103 casos de secuestro en el período 1996-2008.
En 2008, hubo 437 casos, de los cuales 198 fueron secuestros extorsivos y los otros, simples, es decir sin fines económicos.