El Gobierno vasco se propone regular, mediante un decreto las políticas desarrolladas en materia de resinserción y reintegración de los presos, en el que planteará medidas como el acompañamiento a itinerarios de reinserción y el apoyo asistencial a la reintegración social postpenitenciaria con "una ventanilla única" para informar sobre los requisitos para acceder a prestaciones asistenciales, entre otras.
El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha expuesto en una ponencia en el Congreso Europeo de Justicia Restaurativa y Terapéutica, que se está celebrando en San Sebastián, las bases de este proyecto de Decreto que se plantea en el marco del Programa Hitzeman.
En este foro, Fernández ha detallado "cómo plantea el Gobierno hacer de la política penitenciaria y de reinserción una política de convivencia para la sociedad y de confluencia para las víctimas", un marco en el que "juega un papel fundamental" la justicia restaurativa, cuya principal acción es que las víctimas puedan "escuchar de quien le infligió el daño que lo que le hicieron no tuvo justificación, ni valor mayor que la vida de cada una de las víctimas".
Según ha explicado, el Ejecutivo de Euskadi considera que "el impulso de una política penitenciaria y de reinserción, acorde a la legalidad constitucional y al momento histórico en que ha de aplicarse debe contar con cobertura normativa de un decreto que la regule". "Al final de esta legislatura, éste es el proyecto que el Gobierno vasco deja preparado para su eventual despliegue la próxima legislatura", ha señalado.
El Ejecutivo considera que, teniendo en cuenta que la política penitenciaria ha sido utilizada como "una herramienta más de la lucha contra el terrorismo", una vez que "el terrorismo ha acabado", es "lógico que ahora forme parte de una política orientada a la convivencia" ya que, además, "constitucionalmente queda establecido que la función de la pena debe ser la reeducación y la resocialización".
En este contexto, lamenta que no ha habido por parte de la Administración del Estado "replanteamiento alguno de la política penitenciaria desde el final del terrorismo" en 2011, a pesar de "los requerimientos y propuestas" que del Gobierno vasco, que, junto a otras instituciones vascas, ha manifestado reiteradamente su "voluntad de promover una nueva política penitenciaria y de resocialización, basada en los principios legales de individuación, humanidad y reinserción".
El objeto del proyecto de norma sería regular las actuaciones que el Gobierno vasco desarrollará para promover y prestar apoyo a procesos legales e individuales de reinserción de personas presas, específicamente condenadas por delitos de terrorismo, así como para favorecer asistencialmente los procesos de resocialización de personas presas en general.
La Secretaría de Paz y Convivencia plantea, en su propuesta, que el Gobierno vasco desarrolle un proyecto de promoción, asesoramiento, apoyo y acompañamiento a procesos de reinserción de personas presas, específicamente condenadas por delitos de terrorismo.
Una comisión asesora acompañará a las personas presas condenadas por delitos de terrorismo que deseen realizar un itinerario que les permita acreditar su intención y capacidad de "vivir respetando la ley penal". Esta comisión hará seguimiento del proceso y emitirá un informe favorable o desfavorable al pronóstico de reinserción.
El informe favorable a la reinserción deberá acreditar que el compromiso con la paz y la convivencia de la persona participante en el programa conlleva "un razonamiento opuesto a cualquier vulneración de derechos humanos en el pasado, en el presente o en el futuro, y expresa un reconocimiento crítico del daño causado a las víctimas".
"Con respecto al futuro, un compromiso de renuncia a la violencia y de vinculación a las vías pacíficas y democráticas; en relación con el presente, un compromiso de convivencia en una sociedad plural, junto a una voluntad de reparación a las víctimas, si su delito produjo daños a personas; y con respecto al pasado, la expresión de un distanciamiento crítico o autocrítico en relación con el
delito cometido, especialmente si supuso vulneración de derechos humanos", detalla la propuesta.
Ese informe servirá de base para un dictamen que el Gobierno vasco dirigirá a la Junta de Tratamiento de la prisión y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La persona presa podrá utilizar este informe como prueba pericial para acompañar su solicitud de progresión de grado o cualquier otra medida tendente a su reinserción.
REINTEGRACIÓN POST-PENITENCIARIA
Por otro lado, la propuesta incluye desarrollar un programa de apoyo asistencial a los procesos de reintegración postpenientenciaria, dirigido a todo tipo de reclusos. Entre las principales iniciativas en este campo, se incluye una "ventanilla única" en la que "cualquier persona presa, expresa o en tránsito de salida de prisión podrá obtener información sobre los requisitos para acceder a las prestaciones asistenciales en materia de RGI, vivienda, recursos de formación, sanitarios o servicios sociales".
Este programa ofrecerá a las personas que han salido de prisión "un tratamiento en igualdad de oportunidades que el que se ofrece a otras personas pertenecientes a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión". Las prestaciones asistenciales serán de aplicación sólo para aquellas personas presas, que al salir de prisión, acrediten no contar con recursos suficientes para rehacer su vida en libertad y cumplan los requisitos marcados por cada prestación.