La consellera de Presidencia, Neus Munté, ha anunciado el recurso en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu y ha asegurado que llega "después de que el Consell de Garanties Estatutàries haya emitido su dictamen".
De la ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, el Govern ha recurrido la regulación detallada del sector público estatal respecto a los consorcios; la exigencia de contar con la certificación al inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y social para obtener NIF por parte de la Agencia Tributaria, y el régimen de adscripción de las fundaciones.
También considera que el establecimiento de la duración máxima de los convenios administrativos y el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración invaden competencias de la Generalitat.
Sobre la ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ha interpuesto recurso a la exigencia de rango de ley para establecer normativamente los trámites adicionales en el proceso administrativo.
También a la imposición de modelos de poderes que no se pueden inscribir en el Registro Electrónico de Apoderamientos, la limitación a un solo Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, el sistema de adhesión a plataformas tecnológicas a través de la Administración del Estado y la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las notificaciones infructuosas.
La Generalitat defiende que estos cambios vulneran competencias reconocidas en el Estatut y su autonomía para organizar sus propias instituciones.