González y el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, afirman que todo es una mentira y exigen pruebas al periódico El País, que ha destapado la información. Aseguran que esta red ya existía desde la época en la que el socialista Joaquín Leguina ocupaba la presidencia de la Comunidad.
Gallardón pide explicaciones a Granados
Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón no atribuirá responsabilidades en el espionaje a cargos públicos hasta escuchar las explicaciones que dé Granados ante la Asamblea regional. Sin embargo, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, cree que "está claro" que detrás del presunto caso de espionaje del que él ha sido víctima están personas dependientes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
A su juicio, de la lectura de los informes que está publicando el diario El País, "solamente se puede llegar a dos conclusiones: una que fueran falsos; pero si son auténticos, los propios autores de los informes se confiesan parte integrante de la comunidad autónoma"."Se declaran pertenecientes a una unidad de investigación de la comunidad", ha añadido.
Con el mismo argumento de la falta de datos, Ruiz-Gallardón se ha negado a respaldar la afirmación del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, de que el acceso de las personas que realizaban los seguimientos a la base de datos de tráfico apunta a la "connivencia del Ministerio del Interior".
Un servicio secreto para la capital
Según El País, Ignacio González sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid.
Al parecer se trataba de neutralizar el temor creciente que tenían los altos cargos de estar siendo espiados desde dentro para llevar a cabo campañas de desprestigio.
Un ex alto cargo del Gobierno de Aznar y un ex agente del CNI asesoraron a González sobre este servicio secreto, según el diario.
El vicealcalde Manuel Cobo lo ve "claro"
"Es evidente que hay un periódico El País que dice que detrás está la Comunidad de Madrid y está claro que son personas dependientes de la Consejería de Interior", ha señalado Cobo en declaraciones a Onda Cero. "Esas personas obedecen a determinadas instrucciones, por lo que hay que saber quién encargaba los informes, a quién se los daban y por qué los hacían", ha indicado.
Para Cobo, "es evidente con la cantidad de pruebas que hay encima de la mesa y los datos que aparecen en el seguimiento que hacían al vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada, que se trata de cuerpos parapoliciales, porque no son policías en activo, los que realizan esa actividad ilegal".
El vicealcalde, que afirma desconocer quién encarga los seguimientos y el interés que pueda tener, sí se aventuró a relacionar el espionaje con el momento que vivía el Partido Popular en abril del pasado año. "La información es poder y en este caso no es información desde un punto de vista profesional sino en un momento en el que había en mi partido legítimamente diferentes posturas a la hora de afrontar el congreso de Valencia, se hablaba de posibilidades, o de a quién apoyaba uno u otro, por lo que si alguien tenía un interés en conocer cuáles eran la reuniones, las comidas, o con qué personas, lógicamente sería una de las posibles explicaciones", ha indicado.
KOD