El exgerente del Inestur admite que intervino en dos contratos irregulares creados para favorecer al exalcalde de Sóller

El exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver ha presentado un escrito ante la Audiencia Provincial de Palma en el que reconoce su intervención en la creación de dos expedientes de contratación a través de los que presuntamente gratificó con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antonio Arbona, si bien no se ha mostrado conforme con la pena de cuatro años y medio de cárcel que solicita para él la Fiscalía Anticorrupción de cara al juicio que arrancará el próximo martes por estos hechos.

El acusado, quien ha acudido acompañado por su nuevo abogado -recientemente renunció a su defensa el letrado Miquel Albertí-, muestra en el escrito su conformidad con los hechos que le atribuye el Ministerio Público así como con su calificación penal, en vista al juicio que la Sección Segunda prevé acoger la próxima semana y en el marco del cual se sentará por primera vez en el banquillo el exconsejero de Turismo Francesc Buils, quien también se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de cárcel por auspiciar la creación 'ad hoc' de estos dos procedimientos.

Se trata además de la primera vista oral que tendrá lugar en el marco del caso Voltor, cuya operación policial, que estalló a principios de 2010 con la detención de varios exaltos cargos de UM, provocó una crisis sin precedentes en el Ejecutivo autonómico, cuyo entonces presidente, Francesc Antich, decidió expulsar a todos los cargos ejecutivos de esta formación de las principales instituciones de las islas, rompiendo así el pacto de gobernabilidad firmado con los 'uemitas' en 2007, lo que le llevó a gobernar en minoría.

Una quincena de arrestos fue el resultado de esta operación, desatada a raíz de la presunta trama urdida en el Inestur para favorecer, mediante contratos directos y negociados sin publicidad, a empresarios afines a UM.

Y más de dos años después, será enjuiciada una parte de las pesquisas, con Buils, Arbona, Oliver y el exgerente del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (Imet) y exconcejal de Alaró Antoni Rebassa sentados en el banquillo. En concreto, la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión para los tres exaltos cargos y dos años y tres meses para Arbona, así como el pago conjunto de 14.999 euros correspondientes a la cantidad presuntamente malversada en favor del empresario.

En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público relata cómo Buils, defendido por los letrados Mateu Sedano y Matías Barón, decidió "de manera arbitraria beneficiar con fondos públicos a Arbona", con quien le unía una "antigua amistad" y ello para "agradecerle los servicios y colaboraciones prestadas en el seno de UM, partido en el que ambos militaban. Para ello, el exconseller "convenció y ordenó" a Oliver y Rebassa, defendido por Carlos Barceló, a que colaborasen en su iniciativa.

Fue así como, presuntamente, llevaron a cabo las gestiones necesarias para que se creasen expedientes de contratación en beneficio de Arbona, asistido por Jaime Campaner, por servicios que "eran innecesarios para la Administración y que no entrañaban ni trabajo para él ni utilidad alguna para la administración que los pagaba".

15.000 EUROS POR TRABAJOS INEXISTENTES SOBRE SENDERISMO

Y así, en octubre de 2007 Arbona presentó para su cobro una factura por 2.999 euros que fue íntegramente confeccionada por un empleado del Inestur que, según la Fiscalía, actuó por orden de su superior, Antoni Oliver. Ello supuestamente enmascarado en la realización de trabajos de asesoramiento en senderismo en la Sierra de Tramuntana, a pesar de que nunca fue justificado el desarrollo de servicio alguno.

De forma similar, un año después se inició la tramitación de otro expediente por asesorar en el turismo activo en la zona, para lo cual el exprimer edil presentó un presupuesto por 12.000 euros más, sin que existiera justificación de la necesidad de ese trabajo, que finalmente no fue efectuado. El Ministerio Fiscal recuerda cómo en dependencias de la Policía Arbona aportó para justificar los trabajos un plano desplegable con fotografías que ya estaban en el archivo fotográfico del Inestur y que eran anteriores al año 2006.

Además de los cuatro acusados, también se encuentran imputados en el marco del caso Voltor el también exconsejero de Turismo Miquel Nadal, el exdirector general de Planificación Turística, Joan Sastre, el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer, y el excontable de UM Álvaro Llompart, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores. También hay numerosos empresarios encausados, entre ellos Jacinto Farrús y dos propietarios de la empresa de informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer.