"Este Gobierno, como cree en esta comisión, va a contribuir a que su desarrollo sea el más democrático, transparente y el mejor para los andaluces", según Vázquez, para quien es fundamental que se conozca la verdad de este asunto que denunció la Junta en su origen y de ha dado pie a una investigación profunda por parte de la justicia.
Ha indicado que es el Parlamento, que aprobará en el Pleno del jueves la creación de la comisión de investigación, el que tiene que decidir calendario de la comisión, procedimiento y comparecientes. "El Gobierno estará a disposición de los que disponga el Parlamento", ha sentenciado.
De otro lado, respecto a las críticas al atestado de la Guardia Civil sobre el caso de los ERE, ha querido dejar claro que por parte de miembros del Ejecutivo andaluz solo ha habido una crítica puntual a un hecho puntual, como era el citado atestado, pero en ningún momento se ha criticado a dicho cuerpo, cuya labor reconoce el Gobierno.
"Tenemos nuestro derecho a manifestar cualquier discrepancia y diferencia con uno de los asuntos que concierne a las actuaciones de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha apuntado Vázquez.
Ha insistido en que no hay ninguna crítica general a la Guardia Civil y que el Gobierno andaluz comparte y se reconoce en el trabajo de dicho cuerpo. Ha recordado que, por ejemplo, el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí habló en su día de una "trama de jueces, fiscales y policías contra el Partido Popular".
"El presidente de la Junta de Andalucía no ha criticado a la Guardia Civil en ningún momento", según Vázquez, quien ha recalcado que el jefe del Ejecutivo andaluz ha podido poner "peros o reparos" sobre alguna actuación de dicho cuerpo, pero no lo ha criticado en su conjunto.
Por otra parte, preguntado sobre el caso de un prejubilado que ha recurrido al TSJA para poder acceder al expediente de Mercasevilla, Vázquez ha manifestado que si las iniciales de dicho supuesto prejubilado que se han publicado en algún medio de comunicación son reales se trata de una persona que pertenece a un grupo de trabajadores de Mercasevilla que se prejubiló en 2003 y que el grupo de funcionarios de la Junta consideró "irregular porque no se atenía a los requisitos fijados" para ello, como contar con 50 años, que era la edad mínima para acceder a esa prejubilación.
Ha agregado que la documentación sobre esta prejubilación, así como la del conjunto de las prejubilaciones que se produjeron en Mercasevilla desde el año 2003 obran en posesión de la juez que instruye el caso de la irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya.