El magistrado Jorge Iván Palacios señaló en su ponencia que la firma del acuerdo no cumplió los requisitos legales y que debido a que se trata de otro acuerdo militar y no la continuación de uno ya firmado, la iniciativa debía pasar por el Congreso de Colombia para su aprobación.
Sin embargo, señaló que los efectos de la sentencia que deberá proferir la Corte Constitucional el próximo 17 de agosto se difieran por un año hasta que el legislativo estudie el polémico acuerdo, rechazado por varios países latinoamericanos.
Palacio explicó en su ponencia que el convenio que permite a EE.UU. utilizar bases militares en Colombia, es un nuevo acuerdo y por eso debe pasar por el Congreso para ser ratificado.
Los magistrados de la Corte Constitucional deben fallar el próximo 17 de agosto sobre las denuncias de inconstitucionalidad del acuerdo militar firmado en diciembre de 2009 entre Estados Unidos y Colombia.
La Corte Constitucional recibió una demanda ciudadana de parte de la Organización No gubernamental (ONG) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que busca la declaración de inexequibilidad (no ajustado a la Carta Política) del convenio entre Bogotá y Washington.
El abogado Alirio Uribe, de ese colectivo, indicó en su momento que ese acuerdo "tenía reserva legal", es decir, que solamente se podía hacer mediante una ley del Congreso y pasándolo por la Corte Constitucional.
Otro de los argumentos de Uribe es que la iniciativa no tiene reciprocidad con Colombia, ya que se debe entregar la soberanía y no se recibe nada a cambio.
En octubre de 2009, dos meses antes de que fuera firmado el acuerdo entre Washington y Bogotá, el Consejo de Estado de Colombia entregó unas consideraciones no vinculantes al Ejecutivo en las que consideraba que dicho convenio militar debía ser aprobado por el Congreso.
El convenio, que según el Gobierno colombiano es complementario de un acuerdo bilateral militar vigente desde 1974, permite a soldados y asesores estadounidenses acceder y utilizar al menos siete bases militares colombianas.
Esta ponencia determinaba que a pesar de que el convenio "no plantea el tránsito de tropas hacia otro país, contempla la presencia de personal militar extranjero, lo mismo que de buques y aeronaves de guerra, algo que debe ser aprobado por una ley del Congreso".
El acuerdo fue firmado en diciembre de 2009 y desde entonces soldados y asesores estadounidenses pueden usar hasta siete bases militares en Colombia para operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que generó irritación en los países vecinos, especialmente en Venezuela.