En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad sostiene que con esta operación inmobiliaria no se garantizará "en modo alguno" las responsabilidades civiles exigidas a los Duques de Palma "habida cuenta de las cargas que el referido inmueble posee".
En concreto, la mitad del inmueble fue embargada en lo que respecta a la parte propiedad de Urdangarin por no haber hecho frente a la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le impuso el juez Castro para que hiciera frente a la misma de forma conjunta con su exsocio, Diego Torres.
Por su parte, sobre la hermana del Rey Felipe VI pesa una fianza civil de 2,6 millones de euros, cantidad que se enmarca en el total de 61,3 millones que el magistrado impuso a los 17 acusados de la causa, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda investigada en el caso Nóos.
Las acusaciones disponen hasta las 15.00 horas de este miércoles para pronunciarse sobre los escritos presentados la semana pasada por los Duques de Palma, con los que solicitan autorización de cara a la venta de la vivienda, ubicada en la calle Elisenda de Pinós, en el barrio barcelonés de Pedralbes.
En concreto, el plazo concluía este mediodía si bien cuentan, tal y como concede la jurisprudencia, con un día de gracia para poder presentar sus alegaciones. En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), cuya doctrina en materia de plazos es aplicable también al procedimiento penal, establece que "cuando la presentación de escritos esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo".
A partir del jueves, el juez José Castro podrá decidir sobre este asunto. Precisamente, sobre la venta del palacete, el magistrado fue preguntado por los periodistas sobre si es factible esta operación inmobiliaria, a lo que se limitó a responder: "Lo tengo que ver".