El Consejo Nacional de Observación (CNO) y la Comisión Justicia y Paz, perteneciente a la Iglesia católica, expusieron sus condiciones en sendas cartas, a las que tuvo acceso Efe, que enviaron al Consejo Electoral Provisional (CEP), órgano que les invitó a participar en la revisión.
El CEP anunció la semana pasada una rápida verificación de los resultados de los comicios ante las violentas protestas desatadas en el país después de que se anunciara para el 16 de enero una segunda vuelta con Mirlande Manigat, que logró el 31,37% de los votos en la primera, y el oficialista Jude Celestin, con el 22,48%, como contendientes.
De confirmarse estos resultados, el candidato y cantante Michel Martelly, quien obtuvo el 21,84% de los votos, quedaría afuera.
Los incidentes que siguieron al anuncio de los resultados, que dejaron al menos cuatro muertos y un número no precisado de heridos, llevaron al órgano electoral a plantear la creación de una Comisión Nacional de Verificación encargada de revisar las actas.
Manigat criticó la falta de claridad de esta iniciativa y anunció que no participará de ese proceso hasta que las autoridades electorales ofrezcan las garantías necesarias.
Martelly, por su parte, declinó participar por entender que la revisión de las actas no es suficiente y que sería necesario anular las pertenecientes a los centros de votación saqueados, que fueron -dijo- "objeto de fraude masivo en favor" del candidato oficialista.
El CNO, apoyado por otras cuatro entidades que le acompañaron en el proceso de observación de las votaciones, realizado por 6.000 observadores, anunció en su carta que no participará en la revisión si no se produce "un dialogo con el conjunto de los candidatos a la Presidencia y representantes de los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados para tener su acuerdo de principio".
También considera que la revisión "no debe limitarse a los datos informáticos del centro de tabulación" donde fueron procesados los sufragios, sino a "todo el material sensible, como actas, hojas de recuento de votos, listas electorales, papeletas" y otros elementos.
El plazo necesario para estas tareas, que no deberá superar cuatro semanas, deberá ser fijado por la Comisión de Verificación y el periodo de impugnación de los resultados de las elecciones no deberá abrirse hasta que finalice el diálogo con los candidatos.
Además, el CNO exige que los resultados del trabajo de la comisión sean aprobados y publicados por el CEP.
Si el CEP acepta formalmente estas condiciones, el CNO está dispuesto a delegar dos personas para un encuentro preliminar, señala la carta.
Por su parte, la Comisión Justicia y Paz afirma en su misiva que el problema "no es solamente" algo que se circunscribe al centro de tabulación, ya que "el proceso entero está dañado por múltiples violaciones de derechos humanos y fraudes masivos".
Justicia y Paz considera que crear una comisión de verificación de actas es una medida "muy parcial" y se preguntó si "habrá sanciones" en caso de comprobarse ilegalidades.
El organismo de derechos humanos planteó también la necesidad de un "acuerdo entre los actores políticos" y puso como condición para participar en el proceso que se emplee "a personas técnicamente preparadas para hacer el trabajo".
Justicia y Paz, que también exige una evaluación del conjunto del proceso, añadió a estas condiciones la necesidad de que el trabajo de revisión forme parte de un "plan global de salida de la crisis".