Durante el pleno ordinario que celebra la Cámara vasca, los portavoces de los citados grupos, Joseba Egibar (PNV), Aintzane Ezenarro (Aralar), Juanjo Agirrezabala (EA) y Mikel Arana (EB) han leído una declaración conjunta en la que muestran su "más absoluta" disconformidad con la anulación por el Tribunal Supremo de las candidaturas de Bildu, integrada por EA, Alternatiba e independientes abertzales.
Según han explicado, su objetivo inicial era consensuar el texto con el resto de grupos del Parlamento Vasco y promover una declaración institucional de la Cámara, pero la falta de acuerdo con PSE, PP y UPyD ha hecho imposible que sacaran adelante un documento conjunto, lo que le ha restado el carácter institucional al texto que han suscrito.
En la declaración que han leíd, han apelado, "desde el máximo respeto institucional, a la restitución por el Tribunal Constitucional de todos los derechos de los miles de ciudadanos que componen las candidaturas de la coalición Bildu a las elecciones municipales y forales del 22 de mayo".
Han recordado que la coalición está participada "por formaciones políticas y personas que presentan una trayectoria personal y política de inequívoco compromiso democrático y rechazo a la violencia y el terrorismo".
Asimismo, han instado al Gobierno Vasco y en especial al lehendakari "a adoptar todas aquellas medidas institucionales, políticas, jurídicas y de cualquier otro orden que se hallen a su alcance" con el fin de hacer efectivo "el derecho a la participación política normalizada de todas las opciones políticas, desde el respeto que se debe al pluralismo ideológico de la sociedad vasca".
El documento, de cuatro puntos, ha sido leído por los cuatro grupos, que no han atendido a preguntas de los periodistas.
Los cuatro firmantes del texto han considerado que la anulación por el Supremo de las candidaturas de Bildu constituye "una grave quiebra de principios democráticos y de derechos y libertades fundamentales consustanciales a un Estado auténticamente democrático y de Derecho".
Asimismo, han recordado que la anulación de las candidaturas por parte del Tribunal Supremo es consecuencia de la impugnación de las mismas por la Abogacía y la Fiscalía del Estado.