El pacto ha sido posible gracias a la enmienda del PSOE a una propuesta del PP, que los populares han aceptado, y que aboga por promover con urgencia la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a fin de "limitar y clarificar" el alcance del principio de jurisdicción universal penal.
Así lo han confirmado a Efe fuentes del grupo popular en el Congreso, que, en sus propuestas de resolución, a raíz del debate sobre el estado de la nación, incluía esa petición de limitar y clarificar la llamada justicia universal.
Para ello, el PP urgía a reformar el citado artículo de la LOPJ y proponía una redacción alternativa.
En su escrito el grupo popular precisaba la reforma en los siguientes términos: la jurisdicción española sería competente para conocer hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional si se tipifican como genocidio, terrorismo, piratería, prostitución, tráfico ilegal de drogas, inmigración clandestina o mutilación genital.
La enmienda del PSOE suprime estas concreciones del PP, si bien aboga igualmente por cambiar el artículo 23 de la LOPJ y plantea una redacción prácticamente idéntica a la de los populares en el resto de los términos, según han confirmado fuentes socialistas.
Así, se limitará y clarificará el principio de jurisdicción universal penal de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, lo que implica que "deberá quedar acreditado" que los presuntos responsables del delito se encuentran en España y que entre las víctimas hay personas de nacionalidad española.
También son requisitos que en el país donde se hayan cometido los hechos, o en un tribunal internacional, no se haya iniciado una investigación y una persecución efectiva de los delitos.
Y si el país en cuestión o un tribunal internacional comienza otro proceso sobre los mismos hechos denunciados, la jurisdicción española deberá archivar provisionalmente la causa que haya abierto.
La propuesta pactada entre PP y PSOE se votará esta tarde en el pleno del Congreso, después de las polémicas suscitadas por las últimas decisiones en materia de jurisdicción universal de la Audiencia Nacional, que actualmente investiga varias causas por crímenes contra la humanidad, genocidio o torturas cometidos en Estados Unidos, Israel, China o Guatemala.