Así consta en el 'Programa para un gobierno progresista y reformista' elaborado por el PSOE, el documento que su candidato a La Moncloa, Pedro Sánchez, entregará esta semana a los partidos políticos con los que comenzará a negociar para tratar de llegar a un acuerdo que permita su investidura.
El último de los siete ejes con que cuenta el programa es el dedicado a la reforma de la Constitución, uno de los compromisos con el que el PSOE se presentó a las pasadas elecciones generales, con el objetivo de "asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial" del Estado.
En su documento, el PSOE propone crear en el plazo de un mes, una subcomisión para la reforma en la Comisión Constitucional del Congreso, que trabajará en sesiones de audiencia durante seis meses con el objetivo de presentar un auerdo sobre el "perímetro" pactado de la reforma.
Los socialistas plantan que, una vez finalicen los trabajos de esta subcomisión, se nombre una ponencia constitucional, para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017.
OCHO GRANDES BLOQUES
En concreto, los socialistas proponen ocho bloques en ese acuerdo: reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos; reconocimiento como derechos fundamentales de derechos sociales, con la garantía de su dotación presupuestaria; supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; revisión de las bases del sistema electoral; modificación de la composición y funciones del Senado; revisión de los aforamientos; incorporación del "hecho" Unión Europea al ordenamiento constitucional, y revisión del Titulo VIII y desarrollo, "si quiera mínimamente" del concepto de Estado federal.
Estas propuestas nacen del programa electoral con el que Pedro Sánchez se presentó a las generales, aunque este documento incluía objetivos más concretos para esta reforma.
En materia de organización territorial, el programa hablaba de reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; ultraperificidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil.
En materia de financiación autonómica, proponía incluir el principio de ordinalidad, que busca que quien más contribuya no pierda posiciones de renta después de aportar al sistema, aunque con mecanismos de nivelación para cumplir el objetivo de igualdad entre ciudadanos.
Aunque el PSOE ha rechazado negociar la investidura con el PP, los socialistas aseguran que quieren contar con el partido de Mariano Rajoy para reformar la Carta Magna. Eso sí, este documento no será remitido a los 'populares': se enviará sólo a las formaciones con las que buscan el entendimiento para que Pedro Sánchez sea candidato.
Sí se enviará no obstante a Podemos, que se ha cerrado a negociar con el PSOE mientras mantenga conversaciones con Ciudadanos. El líder de los socialistas ha rechazado el planteamiento "excluyente" de Pablo Iglesias e insiste en que seguirá hablando con todos, excepto con el PP y los independentistas.