El hecho de que el Consorcio del Palau de la Música, formado por la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura -liderados por socialistas- haya pedido al juez del caso "Palau" la imputación del tesorero de CDC ha hecho aflorar a la primera línea política una cuestión latente durante toda la precampaña.
La tensión ha llegado al punto de que el ex presidente catalán, Jordi Pujol, ha dejado sentir con firmeza su voz en esta campaña al comparar esta acción judicial con el caso Banca Catalana de los años ochenta, que en su momento marcó el máximo nivel de tensión entre la Generalitat de CiU y el gobierno socialista de Felipe González.
Por su parte, el candidato de CiU, Artur Mas, ha acusado a los socialistas de utilizar "descaradamente" el caso Palau con fines "partidistas" y con ganas de "hacer daño" a CiU en plena campaña.
El propio gobierno catalán en funciones ha tenido que salir al paso al negar, mediante la consellera de Justicia, Montserrat Tura -número dos de la candidatura del PSC- que exista una relación entre la petición del Consorcio y la coincidencia de la campaña electoral.
Al debate se ha sumado el candidato de ICV-EUiA, Joan Herrera, quien ha destacado que los últimos datos de la Fiscalía y Hacienda manifiestan que Félix Millet (ex responsable del Palau de la Música) "es un ladrón", pero que también fue "pieza clave para que la fundación de CDC tuviera una financiación de origen irregular".
El candidato de Ciutadans, Albert Rivera, se ha mostrado partidario de que el Palau pueda pedir la imputación de miembros de CDC si cree que han cometido un delito.
Por otra parte, la polémica suscitada por el candidato de ERC, Joan Puigcercós, al afirmar que en Andalucía no paga impuestos "ni Dios" ha vivido un nuevo episodio después de que el vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, las haya calificado como propias "de la extrema derecha" y con "tintes casi xenófobos".
Puigcercós no sólo ha insistido en que Cataluña está discriminada fiscalmente sino que ha denunciado un "pacto de Estado" Madrid-Sevilla-Bilbao en materia fiscal que perjudica a Cataluña.
Incluso el ex presidente del F.C. Barcelona y candidato de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), Joan Laporta, ha aprovechado un acto en el que proclamaba su compromiso de promover una ley de la independencia de Cataluña para replicar al líder de ERC que Cataluña "no tiene que ir contra nadie".
Y si Cataluña y Andalucía siguen copando titulares estos días por la cuestión fiscal, la Cultura ha sido protagonista indirecta de la jornada al declararse Patrimonio Inmaterial de la Unesco los tradicionales "castells" y el flamenco, un arte con arraigo en Cataluña, con figuras como Miguel Poveda, Mayte Martín o Duquende.
Precisamente Artur Mas presentaba hoy sus propuestas en materia cultural afirmando que si gobierna intentará reconciliar a la industria del cine con la Generalitat sin renunciar a la aplicación de las cuotas de catalán en las salas.
Por su parte, el socialista José Montilla ha elegido un peaje de la autopista en Vilassar de Dalt-Premià (Barcelona) para prometer nuevas bonificaciones en todas las vías de pago de Cataluña, que podrían llegar a ser gratuitos para algunos perfiles de conductores.
Desde Terrassa, Puigcercós ha propuesto que la Generalitat aumente los recursos destinados a cooperación exterior del 0,5 a al 0,7% de "los ingresos corrientes" en un período de cinco años.
Alícia Sánchez-Camacho (PPC) ha presentado en Cardedeu (Barcelona) un plan de reducción de gastos en el presupuesto de la Generalitat que permitiría un ahorro de casi 1.900 millones anuales y que incluye la supresión de organismos como el Memorial Democrático.
Joan Herrera (ICV-EUiA) ha reivindicado invertir más en política industrial, mientras que Albert Rivera (Ciutadans) ha pedido replantear el despliegue del cuerpo de Mossos de Esquadra y aumentar la presencia policial en las áreas comerciales de Cataluña.