Si finalmente el juez Juli Solaz acepta la petición planteada esta semana por la Fiscalía de abrir una pieza aparte por el supuesto pago de comisiones a través del Palau, la investigación entorno a Fèlix Millet se habrá dividido en tres: el saqueo confeso, el proyecto del Hotel del Palau y el supuesto desvío de fondos de Ferrovial hacia CDC.
Este enrevesado culebrón político-judicial, que ya fue objeto de una agria comisión de investigación en el Parlament, ha comportado la imputación de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y se ha convertido, a raíz de la trama de los pagos de comisiones a CDC, en un arma arrojadiza entre los partidos, enfrascados en la precampaña para las elecciones catalanas del próximo 28 de noviembre.
EL SAQUEO
Por la causa mayor, la del expolio -que las auditorías elevan a 35 millones de euros frente a los 3,3 confesados por Millet al inicio de la causa-, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, criticado por algunos de sus compañeros por su lentitud, ha imputado a Millet, a su mano derecha, Jordi Montull y a la hija de éste, Gemma.
En una segunda fila, están imputadas por el expolio las esposas de Millet y Montull, que tenían a su nombre algunas empresas utilizadas para el desvío de fondos, así como un ex tesorero del Palau y dos abogados que habrían colaborado en el saqueo.
Según la última auditoría encargada por los actuales gestores del Palau, de todo el dinero desviado por Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull en los últimos diez años, 17,5 millones de euros fueron orillados de la Fundació Palau de la Música, 13 del Orfeó Català y 4,6 del Consorcio -del que forman parte el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
EL HOTEL
A velocidad trepidante, en comparación con el pausado ritmo imprimido por Juli Solaz, la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, imputó antes del verano pasado a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento barcelonés por el proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música.
Por este caso -en el que Millet y Montull pasaron trece días en la cárcel-, la juez investiga una "operación especulativa" en la que, al parecer, los ex responsables del Palau utilizaron su capacidad de influencia para sortear los obstáculos administrativos amparando un proyecto privado con el 'sello' de la institución.
Además de a Millet y a Montull, la juez ha imputado por los delitos de prevaricación y falsedad documental al primer teniente de alcalde de Barcelona, Ramon García-Bragado, y al gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, porque ocultaron que el proyecto recaía en una empresa privada -Olivia Hotels- y no en el Palau.
Tanto Bragado como Massaguer han dimitido de sus funciones en el área de Urbanismo, pero se mantienen en el consistorio.
Por el proyecto del hotel -que se paralizó al estallar el escándalo por el saqueo del Palau-, también han sido imputados el ex director jurídico de Urbanismo de Barcelona, Enric Lambies, y el arquitecto Carles Díaz, del despacho de Oscar Tusquets, encargado de la tramitación urbanística de la operación.
Además, la juez también citó a declarar como testigo al conseller de Economía, Antoni Castells, y a la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, a raíz de un convenio que Millet firmó en marzo de 2006 con el Departamento para la permuta de usos urbanísticos entre tres fincas anexas al Palau y un edificio de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume sin los informes previos preceptivos.
LAS COMISIONES A CDC
Un informe de la Agencia Tributaria desveló que Fèlix Millet actuó como intermediario en el supuesto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas, como la línea 9 del metro o la Ciutat de la Justicia, durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.
A raíz de las conclusiones de este informe, la Fiscalía ha pedido esta semana al juez Juli Solaz que abra una pieza separada de la causa principal del saqueo para desgajar esta investigación de la del supuesto cobro de comisiones.
Si el juez acepta, la nueva instrucción deberá investigar si, como apunta el informe de Hacienda, Ferrovial pagó comisiones del 4% por la adjudicación de grandes obras públicas, de las que un 2,5% habrían ido a parar a CDC y un 1,5% a Millet y Montull.
Por este caso, la Fiscalía también ha pedido al juez que cite a declarar como imputados al tesorero de CDC, Daniel Osàcar, y a responsables de Ferrovial y de las empresas que facturaron supuestamente al Palau por servicios prestados a CDC.
Además, la Fiscalía también ha pedido que se impute al ex líder del Partit per la Independència (PI) y actual secretario de Inmigración de CDC, Àngel Colom, a quien Fèlix Millet dio 75.000 euros para enjugar las deudas que arrastraba su partido tras su disolución, enmascarándolo en un convenio de pedagogía.