El presidente del Tribunal de Relación, Luis María Vaz das Neves, ha informado a los periodistas de que el juez que lleva el caso de García Arrieta, Trigo Mesquita, ha concedido la petición del acusado para que su defensor pueda presentar un escrito contrario a la entrega a España.
La otra detenida, Yáñez Ortiz de Barrón, cuyo caso lleva el juez Joao Carrola, comparece todavía ante el tribunal lisboeta que deberá decidir si accede a la petición enviada por el juez español Fernando Grande-Marlaska.
Los dos presuntos etarras, cuya entrega pidió el Gobierno español lo antes posible, permanecen en la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la capital portuguesa después de que el lunes quedasen en prisión preventiva tras otro interrogatorio celebrado en el Tribunal Central de Instrucción Criminal.
Este tribunal decidió que García Arrieta y Yáñez Ortiz de Barrón permaneciesen en prisión preventiva en aplicación, por primera vez desde su aprobación, de la ley lusa 53/2003, que contempla el delito de relación con organización terrorista.
Según reveló el abogado de los dos detenidos, José Galamba, el juez les aplicó la presión preventiva por sospechas de robo y terrorismo, en el caso de García, y posibles delitos de falsificación de documentos y apoyo a actos terroristas, en el caso de la mujer, Yáñez.
Abandonaron una furgoneta con explosivos
Los dos supuestos etarras fueron detenidos el pasado sábado por la noche por la Guardia Nacional Republicana lusa (GNR), después de haber escapado a una operación de la Guardia Civil española cuando trasladaban en dirección a Portugal una furgoneta con abundante material para fabricar bombas.
Ahora la entrega a España, que su abogado defensor reconoce que quiere evitar, depende del cumplimiento del mandato de detención europeo, un procedimiento judicial destinado a agilizar los procesos internacionales entre los miembros de la UE que evita los complejos mecanismos de la extradición y busca un más rápido traslado de los sospechosos, pero no está exento de actuaciones legales.
Entre otras circunstancias por el derecho a recurso de la defensa la entrega de los detenidos en cumplimiento de la orden cursada por el juez español Fernando Grande-Marlaska puede no ser inmediata, según la legislación portuguesa.