El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha afirmado este lunes que atenderá al nuevo presidente catalán, Carles Puigdemont, "muy gustosamente" si éste le llama, pero ha dejado claro que, al igual que con cualquier otro presidente autonómico, no será él quien haga la primera llamada.
"Si él tiene algo que decirme lo atenderé muy gustosamente, lo he hecho siempre. Cualquier presidente que toma posesión me llama y si quiere que lo vea, lo veo, no soy yo el que llama habitualmente", ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
Por otro lado, ha expresado su "respeto" por la decisión del Rey de no recibir a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, para que le comunicase el nombramiento de Puigdemont, y ha recalcado que esa es la práctica habitual.
Rajoy ha negado que hubiese una "tradición" de que el Rey recibiese a los presidentes del Parlament y ha puntualizado que únicamente "puede que en alguna ocasión, hace tiempo, eso fuese así". En todo caso, ha destacado que Felipe VI "ha hecho lo que tenía que hacer y lo que ha estimado oportuno y conveniente hacer".
En cuanto a los informes que el Ejecutivo ha pedido a la Abogacía del Estado sobre la fórmula que utilizó Puigdemont en su toma de posesión y sobre las consejerías del nuevo Gobierno catalán, se ha limitado a señalar que espera tenerlos "en breves fechas".
ACTUARÁ CONTRA CUALQUIER DECISIÓN CONTRARIA A LA LEY
En todo caso, ha recalcado que el Gobierno central tiene una posición muy clara y "no va a dejar pasar ni una": "Cualquier decisión que sea contraria a la ley la llevaremos a los tribunales", ha dicho, y ha advertido de que cuando un Gobierno "se salta la ley a sabiendas" está actuando contra los ciudadanos.
Rajoy no ha dado pistas sobre si se actuará contra la Consejería de Exteriores que dirigirá Raül Romeva, y sólo ha dicho que se tomarán medidas siempre que se crea que hay "una ilegalidad". Según ha dicho, la actuación más importante se llevó a cabo después de que el Parlament aprobase la resolución de ruptura, y el Tribunal Constitucional ya la ha anulado.
"Lo que no vamos a aceptar, de ninguna manera, es que alguien pretenda liquidar la ley unilateralmente, para eso está el Gobierno de España, entre otras cosas, para que se cumpla la ley", ha remachado.