Bonassa explicó, en una extensa declaración ante el magistrado en la que estuvo asistida por un intérprete, que el equipo denunció el traspaso ante las sospechas de que se había producido un sobrecoste oculto y de que no se le había abonado la cantidad real que le correspondía por su 60 por ciento de los derechos del jugador.
Además, concretó que el Santos recibió ofertas más sustanciosas por Neymar y se vió obligado a traspasarlo al Barça por expreso deseo del delantero, que quería jugar en el equipo azulgrana. La Ley Pelé obliga a los clubs brasileños a tener la autorización del afectado para cerrar su traslado.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración hoy al jugador del Fútbol Club Barcelona Neymar Da Silva, al que imputa los delitos de estafa y corrupción entre particulares en el marco de la causa en la que investiga el traspaso del brasileño al club catalán.
El magistrado, que interrogó este lunes como investigados al presidente del Barça, Josep María Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, también interrogará a partir de esa hora a los padres del futbolista, Neymar Da Silva Santos y Nadine Gonçalves.
Los progenitores tienen su domicilio en Brasil por lo que es posible que su declaración no pueda llevarse a cabo en las dependencias de la Audiencia Nacional como estaba previsto.
BARTOMEU Y ROSELL NO DECLARAN
En su comparecencia ante el juez, Bartomeu y Rosell se han limitado a ratificar las declaraciones prestadas ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que les interrogó entre los meses de julio de 2014 y febrero de 2015 en el marco de la causa principal, en la que se les investigaba por un presunto delito fiscal en el traspaso del jugador y ha sido asumida por los Juzgados de Barcelona.
Bartomeu explicó en aquel momento que el encargado de cerrar el fichaje en Brasil fue su antecesor Rosell y que él no tuvo intervención alguna. Por su parte, éste último defendió en 2014 la legalidad de la operación y cifró el traspaso en 57,1 millones de euros.
El juez De la Mata admitió en junio pasado una querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, al entender que el equipo azulgrana pudo adquirirlos en 2013 "fuera de la normal competencia" y por un valor "inferior al del mercado". Según el juez, la operación para adelantar la incorporación del futbolista a la temporada 2013-2014 pudo "quebrar la libre competencia en el mercado de fichajes".