El presidente de un subcomité judicial del Senado, Sheldon Whitehouse, explicó que el objetivo de la audiencia de hoy era investigar la "sarta de mentiras" del Gobierno anterior en torno a la autorización de la asfixia simulada y otros métodos de tortura para ablandar a terroristas.
Esta fue la primera de varias audiencias programadas en ambas cámaras del Congreso para examinar la práctica de la tortura bajo el Gobierno del presidente George W. Bush (2001-2009).
Mientras, Obama dijo que, si bien su Gobierno no tolerará el abuso de prisioneros bajo custodia de EE.UU., tampoco apoya la publicación de fotos que documentan los malos tratos de los reos en Irak y Afganistán, porque eso pondría en peligro la seguridad de las tropas en el exterior.
"La publicación de estas fotos no añadiría ningún beneficio para que entendamos lo que llevó a cabo en el pasado un reducido número de individuos", argumentó Obama en declaraciones desde la Casa Blanca.
Para el mandatario, la divulgación de las fotos, más allá de las de la cárcel iraquí de Abu Ghraib que en su momento causaron un escándalo internacional, podría alimentar el sentimiento antiestadounidense "y poner en mayor peligro a nuestras tropas".
El Pentágono, aseguró, no intenta ocultar o justificar acciones indebidas y, de todas maneras, los incidentes documentados en esas imágenes ya han sido investigados y algunos individuos ya han sido sancionados, sin dar más precisiones.
Su decisión, criticada por defensores de los derechos humanos, supone un giro de 180 grados respecto a su determinación anterior de que, en aras de la transparencia, su Gobierno divulgaría las fotos.
Ahora, su Gobierno se opondrá a un dictamen de un tribunal federal de apelaciones que exige, para el próximo 28 de mayo, la difusión de 44 fotos, a raíz de una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).
Los activistas de derechos humanos se sienten defraudados.
Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional USA, dijo en un comunicado que "el pueblo estadounidense ha sido engañado y los funcionarios gubernamentales que autorizaron y justificaron las políticas de abusos se han librado".
"El mundo ha perdido la fe en que EE.UU. respeta la dignidad humana. Aun así, no se ha contado la historia entera", se quejó.
Durante la audiencia en el Senado, Philip Zelikow, un ex funcionario del Departamento de Estado bajo el Gobierno de Bush, afirmó que el uso de la tortura fue "un error", pero que "ambos partidos", el Republicano y el Demócrata, apoyaron esa práctica.
Esos métodos coercitivos fueron "fríamente calculados y deshumanizantes para extraer información", dijo que fuera asesor de la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice.
"Fue un fracaso colectivo en el que funcionarios y miembros del Congreso de ambos partidos jugaron un papel, al apoyar un programa de coerción física de la CIA", aseguró Zelikow, quien en 2005 había advertido de que algunos de esos métodos violaban la Constitución.
En la misma audiencia, el ex agente del FBI Ali Soufan afirmó que él también se opuso a la justificación legal de la asfixia simulada.
Sus testimonios se producen mientras crecen las exigencias para investigar y enjuiciar a los responsables que autorizaron o llevaron a cabo la tortura.
La audiencia, que analizó los documentos divulgados el mes pasado por el Departamento de Justicia, sirvió para ventilar las luchas internas dentro del anterior Gobierno respecto al uso de la tortura, y dio abono a quienes han criticado la política antiterrorista de Bush.
Los republicanos acusaron a los demócratas de programar audiencias con fines políticos y reiteraron que éstos estaban al tanto del uso de la tortura pero nunca protestaron.
La revisión de las políticas del pasado en busca de responsables es un movimiento arriesgado que puede enlodar a los demócratas, según observadores.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insiste en que se enteró de los métodos durante una sesión a puerta cerrada en 2002, pero que su entendimiento es que éstos no se estaban aplicando entonces.