El borrador legal, que ahora debe pasar a la Cámara Baja del Parlamento uruguayo, establece, entre otros puntos, que la víctima de tales abusos "podrá reclamar al responsable una indemnización por daño moral equivalente a seis mensualidades".
También se hace eco de los posibles casos de despido arbitrario derivados de una actuación de acoso sexual e impone para tales casos el doble de indemnización.
El nuevo proyecto de ley afecta asimismo a los espacios docentes, tanto públicos como privados, y en estos casos relaciona la pena económica al salario del eventual culpable.
En el caso de los organismos estatales y públicos, el acoso sexual aparece tipificado como una "falta grave" por la nueva normativa.
El borrador de ley establece diferencias entre el acoso sexual y lo que denomina "comportamiento amistoso", como destacó la senadora Susana Dalmás, del gobernante Frente Amplio, que se encargó de defender el proyecto legislativo.
"Lo que distingue el acoso sexual del comportamiento amistoso, por ejemplo que en algunos casos se puede esgrimir, es que el primero es indicado y el segundo es aceptado y mutuo", dijo Dalmás, citada por radio El Espectador.
Para la senadora de la coalición de izquierdas oficial, "también debe incluirse como acoso sexual el de carácter indirecto", es decir, "cuando se favorece la promoción o mejores condiciones de trabajo a quienes conceden favores sexuales a sus superiores", agregó.
Dalmás subrayó en su intervención los daños "físicos y psíquicos" que sufren las víctimas de acoso sexual, con "cuadros de angustia, de temor, presión, inseguridad, disminución de la autoestima" y "en el rendimiento y ausentismo en el trabajo".
Según el texto de la propia ley en ciernes, el acoso sexual es "una de las lesiones más graves al derecho a la igualdad" y a los derechos de los trabajadores.
El proyecto de ley determina igualmente que las empresas deben adoptar las condiciones necesarias para la prevención de este comportamiento, pero también para su sanción en el caso concreto.