Tras indicar que Moix está "intentando proteger a toda costa la intimidad de Blesa", Cándido Conde-Pumpido Varela ha recordado que, según el Tribunal Constitucional, cuando una persona expone su intimidad en un correo al que tienen acceso otros --como es el caso del e-mail corporativo de Caja Madrid--, sabe que esa información puede no ser privada.
Lo que ocurre en este caso, a su juicio, es que sobre todo se busca "proteger la intimidad" de las otras personas que puedan aparecer en esos correos. "Quieren proteger a toda costa a esos amigos de Blesa, ya sean el señor Aznar, el señor Gallardón...", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en referencia al expresidente del Gobierno y el ministro de Justicia.
Moix ha pedido este jueves que un juzgado de Instrucción de Madrid, distinto al dirigido por Elpidio José Silva, abra una investigación sobre la difusión de los correos electrónicos intervenidos a raíz de la instrucción llevada a cabo por este magistrado sobre el crédito por valor de 26,6 millones de euros concedido al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. A su entender, existen indicios de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.
Pero según Conde-Pumpido, esos e-mails "no son íntimos" ya que "estaban en posesión de Caja Madrid" y, por lo tanto, "es muy discutible" que sean nulos.
"Alguien podría volver a pedirlos, pero siempre teniendo en cuenta que los pueden declarar nulos y que le pueden perseguir por un delito contra la intimidad", ha añadido, asegurando que si el juez que lleva ahora la instrucción, Juan Antonio Toro Peña, "actúa como tiene que actuar", va a "encontrar pruebas" de delito.
QUIÉN FILTRÓ LOS CORREOS
En cuanto a cómo llegó el contenido de esos correos a los medios de comunicación, el abogado del juez Silva ha dicho que ni él ni su cliente los tenían, y ha apuntado que posiblemente fueron filtrados por "alguien de Caja Madrid", por "algún 'hacker'" o desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por último, Conde-Pumpido ha censurado la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del fiscal Moix contra Elpidio José Silva --que se encuentra temporalmente suspendido de funciones y se enfrenta a una pena de hasta 40 años de inhabilitación--, afirmando que se ha cometido un "abuso de poder" con el fin de "quitarse de enmedio" a un juez que resultaba "incómodo" por actuar de manera "independiente".