El dictamen del Supremo implica que sigue vigente la "notificación roja", el nivel más alto de Interpol, que se difunde para detener o hacerlo provisionalmente a personas buscadas internacionalmente y con fines de extradición, en este caso a petición de la Fiscalía sueca.
Poco después de conocerse la decisión del tribunal, el abogado de Assange en Suecia, Bjoern Hurtig, señaló que su cliente, de quien se presume que se esconde actualmente en Gran Bretaña, se opondrá a ser extraditado al país escandinavo.
El Supremo sueco desestimó el recurso al considerar que en su caso no hay motivos suficientes para conceder un auto de avocación, procedimiento necesario para revisar un dictamen de un tribunal inferior.
Para concederlo, es preciso o que se estime que el caso tiene gran importancia para la aplicación de la ley o que haya otras razones particulares, lo que el Supremo rechazó.
La decisión del Supremo cierra la puerta a nuevas vistas orales sobre el caso hasta que el australiano Assange, de 39 años, sea arrestado y extraditado a Suecia.
Las autoridades suecas enviaron hoy a la Policía británica una nueva orden de captura contra Assange, complementaria a la primera, que incluye matizaciones necesarias de acuerdo con la justicia de este país para poder proceder al arresto del fundador de WikiLeaks, que según medios ingleses se encuentra en Gran Bretaña.
La orden inicial incluía sólo una especificación sobre la pena máxima de 4 años que aquél podía recibir por el delito más grave del que está acusado, el de violación.
La nueva orden enviada hoy contiene, además, especificaciones de penas máximas para los otros delitos.
Con el dictamen del Tribunal Supremo queda ratificada la resolución emitida el pasado día 24 por la Corte de Apelación de Svea, en Estocolmo, que mantiene la orden de prisión contra Assange dictada anteriormente por un juzgado de primera instancia, aunque con dos matizaciones.
La sospecha por violación se rebaja a la categoría de "delito menor", mientras que en una de las tres denuncias por acoso sexual contra el fundador de WikiLeaks se considera que el grado de sospecha "no es lo suficientemente fuerte".
Además, Assange es sospechoso de un delito de coerción ilegal.
Todos los casos están relacionados con su estancia en agosto en Suecia para pronunciar varias conferencias sobre su actividad en WikiLeaks, el portal que ha adquirido fama mundial por sus revelaciones de documentos confidenciales del Gobierno de EEUU.
Los problemas con la justicia sueca comenzaron el 20 de agosto, cuando una fiscal de guardia emitió la primera orden de captura contra él por sospecha de violación.
La decisión fue revocada 24 horas después por la fiscal jefe, que redujo el caso a un delito menor de acoso.
Pero la fiscal superior, Marianne Ny, decidió asumir entonces la dirección del caso y, unos días después, reabrió la investigación por violación, que culminó en septiembre con una nueva orden de ingreso en prisión contra Assange.
Assange ha admitido que durante su estancia en este país escandinavo mantuvo relaciones sexuales con varias mujeres, pero ha asegurado que éstas fueron consentidas.
Tanto el fundador de WikiLeaks como su abogado en Suecia, Bjoern Hurtig, han criticado la actuación de la justicia sueca y han insinuado que la verdadera razón de la persecución contra él es su actividad en el portal de internet.
Hurtig, quien se declaró "decepcionado" por el fallo del Supremo, señaló que el caso contiene cuestiones que hubiera sido interesante tratar, como por qué la fiscalía no accede a que su defendido sea interrogado en una embajada en el extranjero.