En una sentencia hecha pública, el Alto Tribunal madrileño ha impuesto la misma pena al ex concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas y a Valentín Gómez Morán.
En la resolución, cuyo fallo fue leído por el presidente de este órgano, Francisco Javier Vieira, los magistrados esgrimen que su intervención fue de "singular relevancia en los hechos" en relación a la aprobación en el Pleno de 26 de noviembre de 2001 de un convenio con la sociedad Patrimonio Siglo XXI para la construcción de 107 viviendas de carácter social. El acuerdo se firmó entre el Ayuntamiento y esta empresa para ceder unas parcelas municipales a cambio de la construcción de estas viviendas.
Además, se ha condenado a siete años de inhabilitación a la diputada regional Esperanza Rozas; a Julia López Jiménez; a María del Mar González Romero; a Josefina Ginovart Amorós; a María de los Desamparados Gallego Alfaro; y a Francisco Montero Almirón.
Los abogados de Rollán y de Rozas, Antonio González Úbeda y Wilfredo Jurado, han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo al estar en desacuerdo.
Contratante predeterminado
En la sentencia, la Sala explica que en el Pleno se aprobó "un convenio tendente, entre otros extremos, a la enajenación de ciertos terrenos de propiedad municipal que tenían consideración jurídica de bienes patrimoniales", por lo que se rige conforme a la normativa reguladora de la contratación de Corporaciones locales.
Según la Ley, "las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública", con la excepción de "la enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario".
"Se establece así con toda evidencia una tajante línea de partida cuyo incumplimiento nos sitúa de lleno en el ámbito de la ilicitud", ha recalcado la Sala, que añade que "el recto acatamiento de la regulación hubiera debido impedir que la Corporación municipal implicada pudiere predeterminar de antemano, a través de sus mandatarios, la identidad del contratante con el que se habría de concertarse el negocio jurídico que sus redactores buscaban".
"Se trató, en fin, de una forma de proceder que esta sala debe considerar como una farsa pseudo-jurídica inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica".
Tomás Gómez sale en su defensa
En relación a este asunto, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado "que no ha habido ningún enriquecimiento personal de ninguna de las personas que estaban imputadas" y que "se trata de una condena por una decisión de carácter administrativo".
"Para mí es esencial que no haya habido corrupción y que no haya habido un solo asunto de un solo euro", ha manifestado Gómez.
Por otro lado, el líder de los socialistas madrileños ha declarado que se trata de una sentencia "no firme" de la que los servicios jurídicos están estudiando "todos los detalles".
"Por lo tanto, ya se está preparando el recurso para el Tribunal Supremo, que es la siguiente instancia judicial", ha concluido. RSO