El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha defendido, en su declaración como investigado ante el juez, que los contratos que el Ayuntamiento firmó con la empresa Inipro para potenciar el asociacionismo entre inmigrantes "estaban dentro de la legalidad" y que él obró correctamente.
En declaraciones a los medios a la puerta del Palau de Justícia de Tarragona, y tras declarar cerca de tres horas ante el juez, Ballesteros ha dicho que estos contratos no solamente eran legales, sino también "necesarios".
"Hoy ha quedado acreditado clarísimamente que el servicio era necesario; no solamente porque había demanda social, sino porque hay un informe de técnicos del instituto --el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSS-- que lo dice", ha considerado Ballesteros, que ha sido el primero de los 11 investigados en declarar; el resto lo harán en las próximas semanas.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, le había llamado a declarar al no entender por qué "no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de ilegalidad", según recogió en el auto de citación.
El contrato con esta empresa tendría que haber finalizado el 31 de diciembre de 2010, según figuraba en el propio contrato, pese a lo que la relación entre Inipro y el Ayuntamiento continuó hasta 2012 y se le pagaron las facturas.
Pero Ballesteros ha defendido que, la doctrina del Tribunal Supremo (TS) le avala a que, como la administración es lenta a la hora de licitar y contratar, se pueda seguir prestando estos servicios y pagarlos: "Si no lo hiciera incurriría en un delito de enriquecimiento ilícito de la administración. Por tanto no tenía más remedio que firmarlo".
"OBJETIVO POLÍTICO"
A preguntas de los periodistas, Ballesteros ha dicho que se siente víctima de una persecución política de la CUP --partido que presentó al denuncia--: "Hay un objetivo político por parte de la CUP que es ponerme a mí en el disparador cuando saben que mi responsabilidad es firmar esos decretos", ha valorado.
El juez sospecha que este servicio contratado no era necesario, que hubo un "direccionamiento" de la adjudicación a esta empresa, que se excluyó a cualquier otro competidor y que podría haber una contrapartida que desde la administración se pudo haber obtenido a cambio de obtener el contrato a Inipro.
El caso se remonta a más de dos años al denunciar la CUP irregularidades del IMSST en una adjudicación a Inipro, cuando el Ayuntamiento aprobó en 2010 el concurso para un contrato de servicios sobre 'potenciar el asociacionismo entre la población recién llegada', pese a existir una Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (Utic) en el Instituto .
La investigación constató que fue aumentando la cantidad que el Ayuntamiento pagaba a Inipro: más de 61.000 euros en 2010, más de 93.000 en 2011 y más de 104.000 en el 2012, año en que no coincidía la cantidad declarada por el IMSS (más de 121.000 euros) y la declarada por Inipro (más de 104.000).
La relación de ambas partes duró estos tres años aunque el ente público no podía prolongar este contrato, según figuraba en el propio contrato, que fijaba su propio final el 31 de diciembre de 2010 de manera improrrogable; Pese a ello, continuó 21 meses más sin soporte contractual, lo que fue posible porque Ballesteros firmaba "a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad" que se le hicieron, según el juez.