"Telefónica del Perú expresa su más enérgico rechazo a todo tipo de interceptación, por constituir un delito. Los autores de este delito deben ser sancionados con todo el peso de la ley y Telefónica es la mayor interesada en que así sea", aseguró en un comunicado enviado a Efe.
El ministro peruano de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, advirtió hoy que las empresas de telecomunicaciones que tengan responsabilidad en las grabaciones ilegales serán sancionadas con el recorte del período de concesión otorgado por el Estado.
"Si la investigación policial y fiscal demuestra que estos temas no han sido bien considerados implicará una falta grave que se sanciona disminuyendo el período de concesión", declaró Cornejo.
Un programa periodístico difundió en los últimos días varios extractos de conversaciones telefónicas de Lourdes Flores, una de las favoritas para ganar la alcaldía de Lima en los comicios regionales y municipales del 3 de octubre próximo.
En esas escuchas ilegales, Flores comenta las encuestas de intención de voto y llega a decir, muy enojada, que su candidatura es lo que menos le interesa en este momento.
Esta interceptación telefónica fue rechazada por el presidente peruano, Alan García, que aludió a una "mano negra" para hacer trampa en los comicios, y también fue condenada por los demás candidatos, que exigen una investigación inmediata del caso.
Telefónica señaló, por su parte, que realiza su trabajo cumpliendo todos los estándares de seguridad, pero también acotó que los miles de kilómetros de redes de telecomunicaciones que existen en el país están expuestos a acciones delictivas.
La empresa de capitales españoles informó que su División de Seguridad realizó una inspección de las líneas telefónicas de Flores y que se detectó la presencia de "elementos extraños" en la red.
El hecho ya ha sido denunciado ante la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, agregó la compañía.
Telefónica, que es la principal empresa de telecomunicaciones del país, el año pasado obtuvo una renovación de sus contratos de concesión por cuatro años, hasta 2023.