Así consta en la denominada "Acta de liquidación provisional" de este caso, redactada por el delegado instructor Roberto Gámir después de la denuncia presentada por la asociación "Preeminencia del Derecho", que ha facilitado hoy la resolución del Tribunal de Cuentas.
Fue en febrero del año pasado cuando este Tribunal decidió abrir una investigación después de la presentación de esa denuncia contra los integrantes del Consejo de ministros que el 26 de diciembre de 2003 decidieron destinar 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa estadounidense "Piper Rudnick".
Según la denuncia, se desvió una parte de ese contrato para promocionar la concesión a Aznar de la medalla del Congreso de Estados Unidos, una distinción que finalmente no fue adjudicada.
Las conclusiones de la instrucción realizada subrayan que, tras el examen de los hechos, no se dan los requisitos fijados en la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas para generar responsabilidad contable.
Entiende que de los datos objetivos que se desprenden del análisis del expediente contractual y del resto de documentación que obra en el procedimiento contable no se ha encontrado ningún tipo de indicio que permita entender que el contrato en cuestión se ejecutó con desviación de poder o en fraude de ley.
Añade que las gestiones para la concesión de la medalla constituyen además "una ínfima parte" del montante total del contrato suscrito con la empresa estadounidense.
De igual forma, destaca que antes de que se suscribiera este contrato, diversos congresistas de Estados Unidos ya habían iniciado las gestiones para la concesión de la medalla, "de tal manera -recalca- que su contemplación en el contrato simplemente suponía una continuación de gestiones anteriores".
"En consecuencia, no se dan los elementos configuradores para producir responsabilidad contable directa ni subsidiaria en las personas que actuaron en el procedimiento contractual reseñado", añade el texto.