El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha defendido las críticas del organismo fiscalizador al primer decreto ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para facilitar el pago de deudas pendientes con entidades locales con empresas y autónomas y ha asegurado que será de la misma forma imparcial con los puestos en marcha por el Ejecutivo del PP.
Álvarez de Miranda ha desgranado este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas las críticas advertidas por el órgano al plan de pago a proveedores de 2009, que apenas fue aprovechado por uno de cada cuatro ayuntamientos con deudas y en el que sólo se usó el 5 por ciento de la línea de avales de 3.000 millones que había ofrecido el Instituto de Crédito Oficial.
Estas críticas han sido rechazadas por el representante del PSOE, Antonio Pradas, que ha defendido el "oxígeno" que supuso la iniciativa para los municipios españoles y ha comparado sus condiciones con las de los planes puestos en marcha más tarde por el Gobierno de Mariano Rajoy.
A este respecto, el presidente del Tribunal de Cuentas ha recordado que el organismo aún no ha tenido oportunidad de fiscalizar las normas desarrolladas por el Ejecutivo 'popular' pero ha garantizado que, cuando lo haga, será imparcial en su evaluación. "No tenga la menor duda de que el Tribunal no hace distinción del color político de los gestores, sino que únicamente diferencia entre buenos y malos gestores", ha asegurado.
En su informe, el Tribunal de Cuentas detalla que, aunque el objeto de aquella medida era paliar la insolvencia de las entidades locales declarada en 2008, para lo cual se ofrecía una línea de avales del ICO con una dotación de 3.000 millones y la posibilidad de concertar una operación extraordinaria de endeudamiento bancario, sólo se acogieron al decreto ley el 26 por ciento de los ayuntamientos con deudas.
"Al cierre del ejercicio 2008, 1.417 entidades locales presentaron remanente de tesorería negativo, y únicamente acudieron a este endeudamiento especial 365 (el 26%) por un volumen total de 2.355 millones de euros", señala el Tribunal de Cuentas.
En consecuencia, 1.052 entidades, con un remanente de tesorería con un saldo negativo conjunto de 1.862 millones de euros, no acudieron o no pudieron obtener financiación adicional para atender los compromisos pendientes con sus acreedores y proveedores, "lo que no contribuyó a atenuar el efecto negativo de las obligaciones contraídas por las entidades locales y pendientes de pago sobre la liquidez de las empresas, en especial, de las pymes y los autónomos".
Además, de la línea de avales del ICO por importe de 3.000 millones de euros ampliables, únicamente se utilizaron 164,9 millones (5,5%). Asimismo, el 66% de la deuda avalada por el ICO no se hizo efectiva por las entidades locales, por lo que las entidades financieras ejecutaron los avales y el ICO respondió de ello, descontándose posteriormente de la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado.
TOMA EL DINERO Y CORRE
Del análisis realizado a una serie de entidades se ha puesto de manifiesto que numerosos empresarios finalmente no cedieron sus créditos a las entidades financieras, en parte o en su totalidad, al conseguir cobrar la deuda durante el proceso de solicitud del aval o conocer que se incluirían entre las que se atenderían con el endeudamiento regulado.
La mitad de las entidades que acudieron al endeudamiento (52%) obtuvo financiación por, al menos, el 90% del límite establecido, en tanto que el 21% apenas alcanzó el 50% de las necesidades. Asimismo, las condiciones financieras de los préstamos suscritos variaron de unas entidades a otras, desde el euribor a tres meses más 0,70% que concertó Santander hasta un tipo fijo en el entorno del 6% que pagaron Castell de Guadalest, Jerez, Alcorcón, Navalcarnero, Móstoles y Parla.
El decreto del Gobierno Zapatero exigía a las entidades locales acogidas un plan de saneamiento para llegar a un remanente de tesorería para gastos generales del cero o positivo, pero la mayoría no lo cumplieron, principalmente porque se fijó un plazo insuficiente para un correcto análisis.
SOLO 8 DE 44 ENDEREZARON SUS CUENTAS
De las 44 entidades locales que accedieron al endeudamiento y que han sido analizadas por el Tribunal de Cuentas, sólo 8 presentaron indicadores positivos de ajuste presupuestario y financiero en los ejercicios posteriores. Entre las restantes, 26 no habían adoptado medidas de reajuste al menos hasta los presupuestos de 2012.
La conclusión de la entidad fiscalizadora es que, por lo general, la situación financiera real de las entidades locales "era más deficitaria que la que se deducía de sus cuentas y en la mayoría el déficit financiero era mayor en 2010 que en 2009, a pesar de estar en vigor el plan de saneamiento y otros planes específicos de reajuste presupuestario y de contención del déficit".
Llama la atención sobre la situación, "especialmente significativa", una serie de municipios encabezados por Madrid capital y seguidos de Alcorcón, Aranjuez y Parla, Córdoba y Jerez de la Frontera, y Elche y Telde.
En sus recomendaciones, señala que "el recurso al endeudamiento, con el consiguiente incremento de los costes financieros que genera, debe realizarse por las entidades locales de forma restringida, cuantitativa y cualitativamente, no debiendo constituir una fuente de financiación de acceso ordinario y regular, para evitar la excesiva carga de compromisos sobre los presupuestos futuros que limite la capacidad de gestión propia de las entidades locales".
OXÍGENO A LOS AYUNTAMIENTOS
El diputado socialista ha insistido en defender la necesidad de este mecanismo "urgente" y puesto en marcha en una situación de "extraordinaria" necesidad de los ayuntamientos y ha reconocido que su objetivo no era corregir un problema "endémico" de las entidades locales, sino "darles oxígeno durante tres o cuatro meses más".
Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han coincidido en destacar su ineficacia. El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Álvaro Anchuelo, ha advertido además del riesgo de "rebrote" y ha pedido medidas para que los ayuntamientos no vuelvan a acumular deuda que en muchos casos "queda escondida en los cajones".
De la misma forma, el senador de CiU Ferran Bel ha subrayado los "efectos muy limitados" que tuvo este decreto ley y el representante del PP, Eloy Suárez, ha acusado al Gobierno socialista de "improvisación" y tratar de buscar una solución coyuntural para que resolviese el problema el Ejecutivo resultante de las siguientes elecciones.