Santos, que asumió la Presidencia en agosto pasado, debió entrar en la polémica por preguntas de la prensa en una comparecencia conjunta con el gobernante chileno, Sebastián Piñera, a quien recibió en la Casa gubernamental de Nariño.
"Nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías suficientes para ser juzgados debidamente", afirmó Santos en respuesta a un comunicado en el que Uribe justifica la decisión de antiguos colaboradores suyos de pedir o buscar asilo político en el exterior.
Uribe, que gobernó en dos períodos (2002-2006 y 2006-2010), admitió en la nota que comparte que algunos de sus ex funcionarios busquen asilo por cuanto en su país "no tienen garantías en la justicia".
El ex gobernante aludió a casos como el de María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) implicada en la trama de escuchas y seguimientos ilegales en el país, y que la semana pasada recibió "asilo territorial" en Panamá.
Asimismo, a la situación del ex embajador y ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, procesado por haber entregado dádivas a congresistas para facilitar la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006.
Pretelt, que fue embajador en Italia, donde continúa radicado, solicitó sin éxito asilo en Costa Rica, país que informó el martes que había denegado dicha petición.
Según Uribe, los colaboradores suyos que tienen procesos judiciales no cuentan con garantías y están sometidos a persecuciones, lo que los ha puesto en riesgo.
Tras aclarar que su relación con Uribe está basada en la gratitud, la amistad y la admiración, Santos defendió la independencia del Poder Judicial y la capacidad del Estado para "proteger a cualquier persona que sienta que está en peligro su vida".
"Por eso no consideramos que existan razones para aducir lo contrario", afirmó Santos, quien fue ministro de Defensa en parte del Gobierno de Uribe, cuya posible responsabilidad en las escuchas es investigada por un comité parlamentario.
A mediados de octubre pasado, Uribe fue involucrado por primera vez por una ex alta funcionaria del DAS en el escándalo de las escuchas ilegales y espionaje a opositores, magistrados, periodistas y activistas de derechos humanos, entre otros, que se llevaron a cabo durante su Gobierno.
La ex subdirectora de Operaciones del DAS Martha Inés Leal aseguró ante la Fiscalía que el ex director de ese organismo Andrés Peñate le ordenó hacer seguimientos a miembros de la oposición por solicitud expresa de Uribe.
El ex gobernante también causó hoy hilaridad en el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien el pasado día 19 confirmó una sanción disciplinaria contra varios ex funcionarios de la era Uribe, entre ellos Hurtado y el abogado Bernardo Moreno, que ejerció como secretario general en una parte de la Administración de Uribe.
Ambos fueron destituidos de manera retroactiva e inhabilitados por 18 años para el ejercicio de cargos públicos.
En el caso de Moreno, Uribe afirmó en una reciente declaración que él fue sancionado "por cumplir el deber en medio de la coacción de la Corte (Suprema de Justicia) sobre la Procuraduría (Ministerio Público)".
Ordóñez calificó hoy a Uribe de ligero, imprudente, irresponsable y descomedido al haber puesto en entredicho la independencia de la Procuraduría General.
"Bástele (a Uribe) leer con calma y sin apasionamientos los sólidos argumentos de los fallos de destitución, y allí encontrará en grado de certeza la responsabilidad de sus subalternos", apuntó el funcionario, para exigir al ex gobernante que "guarde la compostura propia de un ex presidente de la República".
En la polémica no faltó el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, quien procesó a la asilada Hurtado, entre otros funcionarios y ex funcionarios del DAS.
"No es posible sostener que las actuaciones judiciales sean caprichosas", afirmó Mendoza, y apuntó que, en el caso de Hurtado, las pruebas que la incriminan "se han sustentado en evidencias exhibidas públicamente".