En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha comentado que "habrá que ver si hay alguna decisión formal" por parte del Ayuntamiento de Vic, y en caso de formalizarse corresponderá a la Abogacía del Estado intervenir. De la Vega ha insistido en que la iniciativa no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, es contraria a la Ley reguladora de Bases del Régimen Local y a la Ley de Extranjería pero además, ha puntualizado, "no responde a los principios comúnmente aceptados por la inmensa mayoría de la sociedad española".
"Una sociedad -ha dicho- que tiene muy clara su escala de valores y que siempre se une, con voz única, ante cualquier atisbo o tentación de exclusión social o recorte de libertades".
De la Vega también ha apuntado que más allá de que haya aparecido alguna situación similar en otro ayuntamiento -en referencia a la Corporación de Torrejón de Ardoz (Madrid)- tiene la impresión de que ambos ayuntamientos "empiezan a ser conscientes de la respuesta social que ha generado la propuesta por lo que creo la deberían reconsiderar".
A la pregunta de si el Gobierno prevé alguna reforma de la Ley sobre estos asuntos, la vicepresidenta primera ha remarcado que "cuando la ley es clara no hace falta llevar a cabo ninguna reforma".
La postura de la vicepresidenta primera ha sido criticada por el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que ha subrayado que las medidas anunciadas por el consistorio regido por el tripartito CiU-PSC-ERC;cumplen la Ley de Extranjería. Según Duran, "si la nueva ley de extranjería expresa que para estar legalmente en España se necesita un pasaporte visado, que si no se tiene se está ilegalmente y que, por lo tanto, procede la expulsión, ¿los ayuntamientos incumplen la ley al exigir lo mismo que la ley de extranjería pide?"
Contraria a la Ley de Extranjería
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Duran i Lleida defiende la decisión tomada
Jueces para la Democracia alerta sobre la "ilegalidad" de la iniciativa
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha calificado hoy de "ilegal e injusta" la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular. En un comunicado, JpD afirma que la iniciativa "constituye una medida ilegal e injusta, impropia de una democracia avanzada", y añade que la medida "limitaría el acceso de los inmigrantes a servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la atención social, impidiendo su integración". A.V.