En un comunicado, la Abogacía Española considera que el preacuerdo vulnera de tal manera el ordenamiento jurídico que invitan a "todo el mundo del derecho" a manifestar su "más radical repulsa ante semejante ataque al sistema internacional de los derechos humanos". Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE han acordado retornar a todos los nuevos inmigrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas, haciéndose cargo los Estados miembros de los costes.
"Aplicar esta medida indiscriminadamente a todos, sin diferenciar y procurar refugio a los potenciales solicitantes de asilo, supone una vulneración radical y manifiesta del derecho internacional y europeo que obliga a todos los países de la Unión y la Unión misma", defiende el organismo presidido por Victoria Ortega.
La Abogacía Española alerta de que la medida tiraría abajo "todo el bagaje jurídico" contenido en la Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios Tratados de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales.
Según la Abogacía Española, en una Europa con más de 500 millones de ciudadanos es "perfectamente posible una admisión ordenada, digna y personalizada", evitando la expulsión colectiva pactada por la UE y Turquía. "No todo vale para alcanzar los fines inmediatos e incluso las conveniencias políticas más acreditadas deben cumplir estricta y rigurosamente con la ley", concluye este organismo.