Así consta en dos decretos de fecha 23 de septiembre firmados por la secretaria judicial y facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En el caso de Bernácer, el juez señala que en la pieza figuran determinados bienes propiedad del imputado suseptibles de embargo preventivo como cuentas bancarias y activos financieros; la devolución del IRPF de 2012; una finca urbana en Valencia; un vehículo todo terreno y el 50 por ciento de otros bienes como finca urbanas, garajes o trastero.
En relación con Morenilla, se ordena el embargo preventivo de cuentas bancarias y activos financieros en diversas sociedades; la parte legal que corresponde de la prestación pro desempleo que percibe del Servicio Público de Empleo Estatal; el derecho de usufructo de dos fincas urbanas y un garaje.
El juez ordenó el pasado mes de julio la fianza de 13,7 millones de euris al ver indicios "racionales" de criminalidad en la actuación de ambos en Emarsa, con lo que accedió a la solicitud efectuada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) --que ejerce de acusación--, a la que posteriormente también se sumó la fiscal del caso.
IMPUTADOS EN ABRIL DE 2012
Tanto Morenilla como Bernácer fueron imputados en el 'caso Emarsa' a mediados de abril de 2012. Morenilla ostentó durante todo el periodo objeto de investigación (2004 a 2008) uno de los cargos de máxima responsabilidad dentro del organigrama funcional de la Epsar; mientras que también, aunque en un escalón inferior, Bernácer ejerció las funciones de jefe del Departamento de Explotaciones del ente público.
El juez les imputó basándose, en parte, en las declaraciones vertidas en la fase de instrucción por el ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal; por el exinformático Sebastián García, conocido como 'Chanin'; y por el exgerente, Esteban Cuesta. En concreto, el primero de ellos declaró que era "evidente" que "solamente los señores Morenilla, Bernácer y Crespo --Enrique Crespo--, disponían de los medios necesarios para organizar la trama Emarsa y enriquecerse de forma desmedida".
Para imputar a Morenilla y a Bernácer, el magistrado tuvo en cuenta los apuntes aportados por las acusaciones. En concreto, la acción popular apuntaba "irregularidades" en la constitución de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del convenio de 2004, coincidentes en el tiempo con el periodo objeto de la investigación.