La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado que sea un jurado popular el que juzgue a los trece encausados del conocido como caso Peaje, impulsado a principios de 2009 en torno a un presunto perjuicio de 42 millones de euros del Consell de Mallorca durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estas obras.
Se trata de unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción imputa a todos ellos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la administración.
El tribunal de la Sección Segunda ha desestimado de esta forma los recursos que interpusieron algunos de los imputados contra el auto dictado en primera instancia por la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, que acordó transformar estas pesquisas de cara a su enjuiciamiento por un jurado popular. Según las defensas, la causa debía ser juzgada por un tribunal profesional.
En concreto, entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de Unió Mallorquina (UM) al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007, cuando el organismo estaba presidido por Maria Antònia Munar.