Esta ha sido la principal idea que los acusados han querido poner de manifiesto en la segunda sesión del juicio, en el que el fiscal Juan Moral pide penas de entre 10 y 15 años de cárcel para ellos por los delitos de integración en ETA y malversación de caudales públicos, así como la clausura definitiva de la entidad.
"Udalbiltza no tenía entidad para poder ser un gobierno paralelo con ministerios y esas cosas", ha sostenido la ex alcaldesa de Amoroto (Vizcaya), Maribi Ugarteburu, que ha añadido que "esas ideas" las conocieron con el auto de procesamiento, lo que provocó "algunas risas, aunque -ha dicho-, no me hace gracia, la verdad".
La acusada, que se ha definido como independentista no adscrita a la izquierda abertzale, ha asegurado que "jamás se ha impuesto un condicionante ideológico" para formar parte de la organización, cuyo "constante mensaje era un llamamiento a la pluralidad", y ha señalado que nunca se tomaron decisiones que no fueran democráticas.
"Udalbiltza siempre ha estado integrado por cargos electos municipales independientemente del pensamiento o sigla a la que se adscriba cada cargo. Iba más allá , tenía un espíritu de reforzar todo aquello que nos une y trabajar en común para que Euskal Herria, como nación, pueda seguir avanzando en todos los campos", ha dicho.
Ha negado la acusación de las partes de que desde la entidad se elaboraron candidaturas para las elecciones municipales de 2003 asegurando que "no era su labor ni la hubiera podido ser", y ha recalcado que su vocación era la de "superar las fronteras entre siglas políticas".
Las responsables Educación y Cultura de Udalbiltza, Esperanza Iriarte y Miren Jasone Astibia, respectivamente, que han negado su pertenencia a ETA, han insistido en que el objetivo de la organización no era crear un "gobierno paralelo".
"No formaba parte de ningún gobierno, es un poco pretencioso pensar que tenía la categoría de ministra. Soy una trabajadora de base", ha apostillado Iriarte.
Por su parte, Xabier Iragorri ha señalado que en la asamblea fundacional, celebrada el 18 de septiembre de 1999 en Bilbao, se acordaron una serie de postulados, como el del "reconocimiento de derechos de Euskal Herria", que no se han modificado.
"Desde una institución pública plural lo único que pretendemos es hacer el máximo bien social", ha considerado el acusado, que ha asegurado que nunca ha dispuesto de fondos del Ayuntamiento de Oiartzun (Guipúzcoa) para su propio beneficio.
Miren Odriozola, ex concejal en Azpeitia y responsable de relaciones exteriores de Udalbiltza, ha señalado que una de las preocupaciones que tenía la entidad era la de "cómo contribuir a lograr la paz en Euskal Herria".
El último de los acusados que ha declarado ha sido Ibon Arbulu, que ha negado su pertenencia a ETA y ha opinado: "Esto no tiene ni pies ni cabeza y no sé de dónde salen estas acusaciones".
De los 20 acusados, falta por declarar Larraitz Sanzberro, con cuyo interrogatorio se iniciará la sesión del próximo jueves, tras lo que comenzará a practicarse la prueba testifical.