Ha explicado en el juicio que, después de que el TC suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la Ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración "ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo".
Según ha dicho, sobre todo querían hacer "algo serio y que se entendiera en todo el mundo", y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido llevar a cabo.
Así, ha dichyo que en ningún caso se hubiera podido llevar a cabo la consulta "sin la participación de los 42.000 voluntarios", y ha recordado que, en un principio, cuando pidió la participación de voluntarios para organizar la consulta, dijo que necesitaban 20.000.
Sobre la organización de la consulta, ha explicado que tenían un gran compromiso para hacerla porque era la voluntad "de una buena parte del pueblo de Cataluña", por lo que siguieron sin renunciar a su objetivo y cambiando el formato que el TC había puesto en cuestión.
La Fiscalía piensa, en cambio, que Mas articuló "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC", generando la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba en manos de voluntarios, según consta en su escrito de acusación.