En un auto con fecha de 26 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya realiza los requerimientos a diferentes entidades bancarias tras recibir un atestado al respecto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De este modo, la magistrada reclama a las distintas entidades bancarias información sobre la identidad de titulares y autorizados que consten en cada una de las cuentas indicadas en el auto, así como todos los datos relativos a los teléfonos de contacto y direcciones postales facilitadas en la contratación de productos y para el envío de correspondencia, además todas las modificaciones que se hayan realizado.
Con respecto a las cuentas bancarias, Alaya pide la relación de movimientos obrantes en las mismas entre los ejercicios 2007 y 2012, ambos inclusive. En relación con las contrapartidas (cheques, transferencias,...), la juez solicita información sobre "las transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas; cambio de divisas; reintegro e ingresos en efectivo por importe superior a 300 euros; y remesas de cheques indicando quien es el emisor y beneficiario del mismo".
Por último, Alaya faculta al Grupo de Delincuencia Económica de la UCO para "oficiar directamente a cada una de las entidades bancarias todas las solicitudes que sean pertinentes en relación con dichas cuentas, al objeto de ampliar o aclarar información, así como para solicitar el soporte documental que ampara un movimiento concreto o cuanta información adicional relativa al mismo sea solicitada".