En un auto, consultado por Europa Press, la juez Mercedes Alaya argumenta que el imputado se encontraría en el grupo de personas implicadas en la causa "que serían conocedoras de la existencia de 'intrusos', intermediación y pagos" al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.
Como director del hotel, Miguel Rodríguez "firmaría la solicitud de ERE relativo a dicha sociedad a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la fecha de antigüedad en el hotel".
"De este modo, y a la vista de lo actuado hasta ahora, subsisten los indicios que se tuvieron en cuenta inicialmente al formular la imputación, no procediendo por tanto en este momento acceder a la solicitud de sobreseimiento instada, por no ser el momento procesal oportuno", alega Alaya.
Todo ello, añade la juez, "sin perjuicio de lo que pueda acordarse a resultas de la investigación que se está aún practicando".
El abogado solicitó el archivo al entender que los hechos que se le imputan "no constituyen delito alguno, sin que exista indicio de criminalidad en contra" de su patrocinado, al que la magistrada imputó un delito de malversación de fondos públicos.