La presidenta electa, María Dolores de Cospedal, durante el Debate de Investidura, ha anunciado que su Gobierno operará bajo un techo de gasto y endeudamiento que fijarán anualmente las Cortes de Castilla-La Mancha.
Cospedal, que ha repasado las primeras líneas de su Gobierno, ha destacado que la estabilidad presupuestaria es el primer cimiento del crecimiento económico y también el primer cimiento de la calidad de los servicios públicos.
Previamente, ha dicho, se necesitará conocer la situación de las finanzas autonómicas y para ello el nuevo Gobierno verificará la situación de tesorería cuando llegue a la Junta.
Además, comprobará la realidad de la estimación de los ingresos del presupuesto, analizará el grado de cobertura presupuestaria de las obligaciones previstas para este año 2011, y realizará un mapa de todo el entramado de organismos, empresas públicas o fundaciones.
En este sentido, ha adelantado que la gestión presupuestaria será fiscalizada por una oficina de control presupuestaria que dependerá directamente de la Presidencia del Gobierno.
Esta oficina garantizará la asignación de recursos públicos con criterios exclusivamente técnicos y en condiciones de igualdad, en íntima coordinación con el área de Hacienda. Además, tendrá una visión completa de los contratos, gastos y adjudicaciones realizados por la Junta de Comunidades en respuesta a la demanda de "transparencia" que los ciudadanos hacen.
De otro lado, la presidenta electa se ha comprometido ante los ciudadanos de Castilla-La Mancha a tener un Gobierno "ejemplar, solvente, austero y eficaz".
Así, ha adelantado que los tres "grandes" objetivos de su política económica serán "la creación de empleo, la creación de e empleo, la creación de empleo".
Asimismo, ha explicado que su Gobierno creará un marco abierto de iniciativas para todos los ciudadanos alentando la iniciativa privada donde "reinará" la libertad, la confianza, la seguridad jurídica, el estímulo a la inversión y a la creación de empleo.
Dicho esto, ha comentado que su Ejecutivo acabará con cualquier barrera regulatoria que desde Castilla-La Mancha pueda dificultar la unidad de mercado de España.