La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que la Abogacía del Estado trabaja para incorporar la creación de una junta electoral de cara a la consulta independentista del 9N en Cataluña a la pieza tramitada por el Tribunal Constitucional por la que están suspendidas la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha añadido que la Fiscalía estará además "muy pendiente" de los acontecimientos, por si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, estuviese prevaricando al firmar un decreto como éste, que a su juicio constituye un "incumplimiento" de la suspensión dictada por el Alto Tribunal. "La Fiscalía, que actúa con autonomía, tiene la obligación de perseguir delitos. Estará muy pendiente", ha dicho.
La vicepresidenta ha asegurado que por el contenido del decreto que crea esa Comisión de Control de la Ley de Consultas, la junta electoral de cara al 9N, "da la sensación" de que Artur Mas "valora y medita" la posibilidad de estar prevaricando al firmar, dadas "las prevenciones con que lo hace". Sería entonces responsabilidad de la Fiscalía actuar y, según ha dicho, está permanecerá vigilante.
Sáenz de Santamaría ha arremetido también contra los bandazos que a su juicio da Artur Mas, ya que primero decidió suspender la campaña institucional para promover la consulta, así como el proceso de selección de personal, pero luego ha decidido firmar este decreto para crear una junta electoral.
"Los ciudadanos merecen tranquilidad y serenidad", ha señalado. "Tienen derecho a saber que las resoluciones de los tribunales se cumplen y respetan. Los ciudadanos se preocupan cuando ven que los gobernantes dan determinados pasos", ha agregado.
FIRMEZA Y SERENIDAD
La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno seguirá respondiendo "con firmeza y serenidad" a los pasos que dé la Generalitat si no obedece la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, que afecta a todo acto de organización de la consulta de autodeterminación el 9 de noviembre.
"Si esa es la línea, el Gobierno defenderá el Estado de Derecho porque es defender el derecho de los ciudadanos. Aquí nadie decide qué ley se cumple y cuál no", ha añadido, Santamaría, que ha advertido también de que un gobernante pierde legitimidad para exigir a los ciudadanos que cumplan una ley "cuando él no lo hace".