La Audiencia Nacional ha admitido a trámite los primeros recursos presentados por inversores fotovoltaicos contra el recorte de las primas a los productores de esta energía, aprobado en junio de 2010 por el Real Decreto Ley 14/2010, según informa Brenes Abogados en un comunicado.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admitió el pasado 27 de junio de 2011 los primeros recursos de los cerca de 300 presentados por este bufete, todos ellos bajo la misma argumentación legal.
Los recursos se han presentado contra las liquidaciones por la venta de energía efectuadas durante el año 2011 sobre la base del Real Decreto Ley 14/2010, solicitándose a la Audiencia Nacional que eleve la cuestión de inconstitucional al Tribunal Constitucional.
Los recurrentes piden que sea el Constitucional quién decida sobre la corrección del recorte retroactivo a la tarifa regulada, impuesto a los productores fotovoltaicos, por el que percibirán hasta un 30% menos respecto de los ingresos obtenidos en años anteriores.
Por otro lado, los fotovoltaicos también se muestran en contra del efecto de los acuerdos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de suspender cautelarmente a más de 1.900 instalaciones por considerar que incumplen los requisitos para percibir la tarifa regulada, en aplicación del Real Decreto 1003/2010.
En este sentido, el bufete se ha personado en alguno de los procedimientos abiertos por la Dirección General de Energía y Minas, al considerar que en un elevado numero de casos la CNE ha analizado "erróneamente" la documentación presentada por los responsables de plantas fotovoltaicas.
"Gran parte de estas suspensiones es consecuencia directa de la superficialidad que ha caracterizado el análisis realizado por la CNE de la documentación que las más de 8000 instalaciones requeridas aportaron en octubre de 2010" explicó el bufete.
Por ello, consideran que mediante la aportación de pruebas adicionales y complementarias, en muchos casos será "perfectamente factible" rebatir las conclusiones a las que ha llegado la CNE y que "erróneamente les ha llevado a acordar unas suspensiones cautelares injustificadas", concluye el bufete.