En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ratifica la medida adoptada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva por parte de los detenidos investigados por delito de terrorismo.
La magistrada lo razona ante la forma en la que sucedieron los hechos dentro de un grupo organizado y el conjunto de acciones "claramente planificadas" llevadas a cabo por los tres detenidos que llegaron a Pamplona desde Rentería (Guipúzcoa).
Los hechos tuvieron lugar el 11 de marzo de 2017 en la zona del casco antiguo de Pamplona con ocasión de la celebración de una manifestación no autorizada convocada por el grupo autodenominado 'errepresioari autodefentsa'. Durante el trascurso de la misma, formaron barricadas con el vuelco de contenedores y lanzaron piedras y botellas contra los agentes de Policía.
Lamela reivindicó la competencia para investigar los disturbios después de que la Audiencia Provincial de Pamplona ordenara lo propio al juzgado de instrucción de la ciudad navarra al entender que, si bien el delito investigado era grave, encajaría en los desórdenes públicos y no en terrorismo.
POSIBLE DELITO DE TERRORISMO
El Tribunal Supremo resolvió el 16 de junio que los hechos ocurrieron "mediante conductas concertadas dirigidas a crear un estado de terror e inseguridad ciudadana, por lo que al menos de forma indiciaria" podrían ser "perfectamente subsumidos en el delito de terrorismo del artículo 573 del Código Penal", en concurso con presuntos delitos de lesiones, daños, desórdenes públicos, incendio y atentado.
Los magistrados del Supremo resolvieron de forma idéntica el pasado 1 de junio respecto del ataque sufrido por dos guardias civiles y sus parejas en la localidad Navarra de Alsasua el pasado 15 de octubre, y señalaron que la causa se siguiera tramitando en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional cuyo titular, Carmen Lamela, también investiga ahora lo ocurrido en esta manifestación.