Una mayoría de jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han rechazado la reducción de pena solicitada por un condenado por colocar un artefacto explosivo en una entidad bancaria del barrio bilbaíno de Deusto en febrero de 2009.
Alexander Bustinduy reclamaba que se le aplicara el nuevo Código Penal que prevé, en su artículo 579 bis 4, la atenuación en uno o dos grados de la pena cuando el hecho cometido sea "de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido".
El tribunal que debía ocuparse de su recurso, compuesto por los jueces Concepción Espejel, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, contaba con una mayoría favorable a acceder a la petición del reo. No obstante Espejel, que discrepaba del criterio de sus dos compañeros, llevó la cuestión al Pleno.
Todos los magistrados de la Audiencia Nacional decidieron, entonces, que el recurso fuera revisado por todos los jueces de la Sección a la que pertenecen, denominado 'plenillo'. El criterio de tres de ellos --la propia Espejel, Angel Luis Hurtado y Enrique López-- ha dado un vuelco a la decisión original.
En un voto particular, los dos discrepantes se quejan del procedimiento empleado y aseguran que "el tribunal debió haberse considerado facultado por la nueva norma para efectuar el juicio que se le pedía".
APLICACIÓN RETROACTIVA
La defensa de Bustinduy reclamaba la aplicación retroactiva del nuevo artículo del Código Penal para reducir una condena ya dictada por integración o colaboración con organización terrorista en aquellos casos en los que se no hayan producido acciones violentas o delitos de sangre.
Dos tribunales de la Audiencia Nacional han aplicado ya de forma directa este artículo. Lo hicieron en el caso de los 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) el pasado 13 de enero después de que admitieran el "daño causado" a las víctimas y pidieran perdón. Hace unas semanas, cinco miembros de Ekin emularon a los integrantes del partido ilegalizado y aceptaron dos años de cárcel tras renunciar al uso de la violencia.