La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acusa a los políticos de preocuparse "durante treinta años" sólo por "invadir el espacio de poder" del Poder Judicial, mientras que olvidan dotar a los magistrados de los medios necesarios para poder llevar a cabo su función constitucional.
"Quizás éste abandono en la modernización y dotación de la Justicia se haya usado como instrumento para dificultar que el Poder Judicial pueda desplegar un control real y operativo, más aún en asuntos extraordinariamente extensos y complejos y que pueden tener repercusiones políticas", plantea el portavoz de la APM, Pablo Llarena, en una entrevista a Europa Press.
Cuando habla de la intromisión de los políticos en el "espacio de poder" de los miembros de la Carrera Judicial, se refiere a los ámbitos que afectan a la selección o el nombramiento de los magistrados, así como a la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Al ser preguntado sobre la posibilidad de adoptar acciones legales contra los impagos de las comunidades autónomas a servicios sociales, Llarena asevera que "el impago en sí mismo no posibilita que el Estado invada competencias transferidas" a las autonomías.
"No obstante, es evidente que el impago llevará a la suspensión del servicio o a un funcionamiento anómalo", avisa Llarena, para indicar que si así ocurriera el Estado "debe velar porque la comunidad preste servicios que asumió como competencia propia y, si no se atienden, a actuar en la forma expresada en el artículo 155 de la Constitución".
En esta línea, detalla que el "incumplimiento grave" de la Constitución o de la Ley posibilita al Estado para tomar medidas que fuercen a esa comunidad a atender sus obligaciones para proteger el interés general. En ese caso, recuerda, la Carta Magna contempla la necesaria autorización del Senado.
El portavoz de la asociación mayoritaria entre la Carrera Judicial también ha mostrado su apoyo a la modificación legal para exigir responsabilidad penal a los políticos que sobrepasen el límite permitido en los presupuestos.
"Ningún ciudadano lo hacemos en el ámbito doméstico y, cuando lo hacen los políticos, los ciudadanos sabemos que podían haberlo evitado y que con su capricho, o nos obligarán a pagar más impuestos --disminuyendo así nuestro propio presupuesto--, o nos forzarán a renunciar a servicios que nadie quería eliminar", argumenta.
'JUEZ Y PARTE' ANTE LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA
Además, el portavoz de la APM garantiza que los jueces actuarán con "responsabilidad e imparcial" cuando diriman cuestiones relacionadas con el real decreto que elimina la paga extra de Navidad a los funcionarios, aunque ellos estén también afectados por el recorte.
"No tenga duda de que así será", responde Llarena, al ser cuestionado si el hecho de que los magistrados sean 'juez y parte' les permitirá tomar una decisión imparcial sobre este asunto.
En este sentido, recuerda que los integrantes de la Carrera Judicial ya vieron disminuido su salario en la primera bajada de sueldo a los funcionarios públicos. Según dice, sus retribuciones se mermaron entonces en un 10 por ciento, frente al 5 por ciento de media del resto de empleados públicos.
Está convencido de que "pocas profesiones" se desempeñan con el nivel de responsabilidad e imparcialidad con el que lo hace la Judicatura y añade que "si los españoles acuden masivamente ante los tribunales es porque lo saben".
En relación con la posibilidad de que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, acabe sentado en el banquillo por su participación en el caso Nóos, Llarena señala que "ocurrirá lo que resulte procedente en Derecho", aunque se muestra consciente de que "tanto la decisión de enjuiciamiento como la contraria serán tachadas de decisiones políticas y arbitrarias por aquellos a los que la decisión no les agrade".