La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado que la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "desahucia a los jueces" de este órgano y "arrambla con muchas de sus competencias".
En una entrevista a Europa Press, el portavoz de la APM, Pablo Llarena, ha mostrado su oposición al proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón por mantener la elección de los vocales de adscripción judicial en manos de los "políticos", trasladar funciones del Consejo al Ministerio de Justicia y "disminuir la capacidad de actuación real" de estos doce vocales.
En este sentido, ha apuntado que el titular de Justicia aseguró inicialmente que "despolitizaría la Justicia" mediante la elección de 12 de los 20 vocales por parte de los propios jueces, "tal y como recomendó el Tribunal Constitucional y el Consejo de Europa".
Sin embargo, la actual propuesta ministerial "busca lo contrario" de lo que presumía no sólo porque mantiene el actual sistema de designación, sino porque afecta a las competencias asumidas por el Consejo del Poder Judicial.
En este sentido, ha alegado que el texto elevado al Consejo de Ministros recomienda que el CGPJ "conserve sólo" aquellas competencias que "la Constitución prohíbe que le sean sustraídas". "Del resto de competencias quedará despojado, por más que se diga que el Consejo debe ser oído en determinados momentos", ha advertido.
Llarena ha puesto como ejemplo la selección de los jueces. "Ya no será competencia del Consejo, sino que el proyecto dice que el Consejo participará en el proceso selectivo", ha indicado.
A su entender, la participación se restringiría a "aquello que permita el Ministerio de Justicia" ya que la reforma evidencia que este departamento tendrá la competencia para "realizar los Reglamentos que hasta ahora eran función del Consejo General del Poder Judicial". Entre ellos, cita el Reglamento regulador del Sistema de Selección de los Jueces.
La asociación mayoritaria de la Carrera Judicial también ha criticado que el borrador "expulse" a los jueces de las funciones de apoyo que desempeñaban como letrados del órgano de gobierno de los jueces. El ministro adelantó su intención de constituir un cuerpo de letrados en el CGPJ.
BATALLA POLÍTICA EN EL TC
Preguntado sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los partidos para continuar el debate político en el Tribunal Constitucional (TC), ha hecho hincapié en que el alto tribunal debe ser "extraordinariamente cauteloso y no declarar inconstitucional cualquier opción legislativa que no le guste o que entienda peor que otra alternativa diferente".
En su opinión, sólo deben declararse inconstitucionales aquellas disposiciones legislativas que resulten -- "sin interpretaciones alambicadas"-- constitucionalmente inadmisibles. "De lo contrario el Tribunal Constitucional sustituye la soberanía popular expresada en los parlamentos democráticos", ha enfatizado.
Por último, ha reprobado a los sectores que tratan de "deslegitimar" su asociación atribuyéndole "un marcado posicionamiento político". "No es así", ha zanjado.
De esta forma, ha explicado que la Asociación Profesional de la Magistratura "no se coloca a favor, ni en contra, de ninguna ideología política o de ningún Gobierno", si no que expresa su opinión para mejorar la Administración de Justicia desde planteamientos "rigurosos" y "técnicos".
"La politización que nos atribuyen deriva de que nuestras propuestas convenzan más a unas sensibilidades políticas que a otras, pero eso es algo ajeno a nosotros y son muchas las veces que todos rechazan lo que proponemos. En todo caso, las sugerencias se las hacemos a todos", ha finalizado.