El Defensor del Pueblo vasco-Ararteko, Iñigo Lamarca, ha reiterado este miércoles su apuesta por modificar la política penitenciaria para los presos de ETA en materias como el traslado a cárceles del País Vasco, la aplicación de permisos, libertades condicionales, cómputo de beneficios penitenciarios, y excarcelación de quienes padecen enfermedades graves o incurables, ya que cree que el abandono de la violencia por parte de la banda "facilita" el cumplimiento de las penas "desde criterios de reinserción del régimen general".
El Ararteko, Iñigo Lamarca, ha presentado ante el pleno del Parlamento vasco el informe de esta institución correspondiente al año pasado, en el que el Defensor del Pueblo vasco recibió 2.347 reclamaciones de ciudadanos disconformes con la actuación de las diferentes administraciones del País Vasco y se inició la tramitación de 74 expedientes de oficio.
En términos globales, las actuaciones del Ararteko relacionadas con el servicio de la ciudadanía y el control de las administraciones, han sido 8.252 frente a las 6.446 del año 2010, es decir, se ha registrado un aumento de un 28,02 por ciento.
Lamarca ha resaltado que el 2011 ha sido un año en el que la crisis económica "se ha hecho notar con mayor intensidad y sus consecuencias han sido terribles para toda las personas afectadas, especialmente para las personas y colectivos más vulnerables". "El aumento del número de quejas relaciones con derechos sociales es una buena muestra de las dificultades por las que está pasando buena parte de la población vasca", ha indicado.
En concreto, ha explicado que las quejas relativas a las ayudas sociales de contenido económico para evitar situaciones de exclusión social se han disparado, experimentando un aumento de 320 por ciento. En lo que llevamos de año, Lamarca ha subrayado que las quejas de esa naturaleza se han triplicado de nuevo con respecto al mismo periodo del pasado año y suman más expedientes en términos absolutos que todos los del 2011.
Por otro lado, ha resaltado que el año pasado ha habido una "ausencia de actividad" por parte de ETA, ya que "ha sido una año en el que no ha habido personas asesinadas, ni heridas, ni amenazadas, ni coaccionadas, ni extorsionadas". "Es una excelente noticia para los derechos humanos", ha defendido.
Sin embargo, ha afirmado que se debe exigir a ETA "su disolución incondicional" y ha apostado por "hacer el máximo esfuerzo por reforzar las circunstancias que nos conduzcan inexorablemente al final del horror que hemos padecido en las últimas décadas, para alumbrar un nuevo tiempo histórico en Euskadi, basado sin excepciones en la ética del respecto y protección de los derechos humanos y de los valores que los sustentan".
En este sentido, ha defendido "el cumplimiento íntegro de los derechos de las víctimas de los grupos terroristas recogidos en el ordenamiento jurídico", especialmente en la Ley Vasca 4/2008, que cree que "debe ser implementada y aplicada en su integridad por parte de todas las administraciones vascas en el plazo más breve posible".
En relación con las personas que se hallan en prisión, a pesar de que las competencias en materia penitenciaria siguen siendo exclusivas del Estado, ha "animado" al Departamento de Interior a "potenciar al máximo" el ámbito competencial y ha insistido en que sigue siendo necesaria la transferencia completa de las competencias penitenciarias.
Respecto a la política penitenciaria que se ha utilizado con los presos condenados por terrorismo, ha defendido que "el hecho de que ETA haya abandonado explícita y definitivamente su actividad criminal facilita una interpretación de la ley posibilite la aplicación a esos presos desde criterios de reinserción del régimen general del cumplimiento de las penas".
Por ello, ha reiterado la "conveniencia" en modificar en este sentido la política penitenciaria en materias como el traslado a cárceles del País Vasco, la aplicación de permisos, libertades condicionales, cómputo de beneficios penitenciarios, y excarcelación de quienes padecen enfermedades graves o incurables.
GRUPOS
Desde el PNV Amaia Arregi, ha resaltado que el abandono de la actividad de ETA ha traído "alegría" a la sociedad vasca y ha señalado que "tomando como base los criterios de reinserción social, se plantea la aplicación a los presos de ETA del régimen general que se viene aplicando al resto de presos en relación al cumplimiento de penas".
Para el PNV, habiendo abandonado ETA su actividad criminal, "la política penitenciaria debería modificarse en este sentido, en cuanto al acercamiento en cárceles cercanas a Euskadi, a la aplicación de permisos, libertad condicional, cómputo de beneficios penitenciarios o excarcelación de personas presas con enfermedades graves, como se recoge de manera literal en el informe". "Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, así debe ser cuanto antes", ha zanjado.
El parlamentario del PSE Mikel Unzalu, por su parte, también ha hecho referencia a las posibles medidas de acercamiento y reinserción de presos de ETA para defender que "mientras ETA no declare su disolución definitiva, es a cada preso a quien le corresponde sacudirse las cadenas que les atan a ETA". "Creemos en la reinserción pero también exigimos el reconocimiento del dolor causado y dignidad para las víctimas del terrorismo".
La parlamentaria del PP Marimar Blanco ha expresado su "preocupación" por el hecho de que en el informe del Ararteko "no se realiza una exigencia a ETA de disolución, entrega de armas, reconocimiento del daño causado, de colaboración con la justicia" porque el anuncio del cese de la violencia de la banda "no significa un punto final sino conseguir que desaparezcan definitivamente de nuestras vidas".
En materia de política penitenciaria, ha manifestado su "total desacuerdo" con la recomendación del Ararteko para acercar a los presos a cárceles vascas al considerar que ETA no ha desaparecido y sigue siendo "un problema para nuestra sociedad" y ha defendido que los 'populares' siguen apostando por la política de dispersión. "Nos preocupa que esta mención se realiza cuando ETA no ha desaparecido ni se ha disuelto", ha zanjado.
El parlamentario de Aralar Dani Maeztu ha agradecido la labor de la institución del Ararteko y en concreto ha resaltado el trabajo realizado en relación con las víctimas de la dictadura franquista sobre las que ha propuesto que se "vinculen" al reconocimiento a las víctimas de violencias de motivación política, "ámbito que se ha avanzado bastante en el ultimo año pero en el que queda mucho por hacer".
Por último, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha criticado la propuesta de Lamarca respecto a la política penitenciaria y ha defendido que el defensor del Pueblo vasco "debería ser garante de los derechos de las víctimas del terrorismo". "Dejen, por favor, de observar día a día qué les ocurre a los presos de ETA cuyos derechos están perfectamente garantizados y fijen su mirada en las víctimas del terrorismo y en el conjunto de la sociedad vasca", ha solicitado.