En concreto, el exlíder del PP y exministro de Medio Ambiente será juzgado por presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias, por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita un total de ocho años y medio de cárcel contra él, la misma pena que reclama la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
La vista oral ha arrancado con la fase de las cuestiones previas, en el la que el fiscal Juan Carrau ha solicitado un cambio de orden en el interrogatorio de los acusados -la exjefa de gabinete de la Conselleria de Presidencia Dulce Linares pasa del cuarto al segundo lugar-, ha expresado la renuncia al perito de la Agencia Tributaria que había previsto y se ha solicitado que la pericial la realice otro miembro de la Agencia, al tiempo que el Ministerio Público ha presentado 14 bloques de documentos ya conocidos por las partes. Mientras, la sala ha informado de que el administrador de la agencia Nimbus ha consignado 5.000 euros.
En concreto, el juicio está fijado, a lo largo de trece jornadas, hasta el día 31 de enero. Sin embargo, Matas no es el único acusado ya que junto a él serán enjuiciados el periodista Antonio Alemany, el exjefe de prensa de Matas, Joan Martorell, su exjefa de gabinete, María Umbert, Dulce Linares y el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero.
Todos ellos prevén ser interrogados durante los dos primeros días de la vista oral (9 y 10 de enero), mientras que posteriormente desfilarán ante el tribunal un total de 38 testigos (los días 12, 13, 16, 17 y 19 de enero), se practicará la prueba documental (23 de enero), las acusaciones expondrán sus conclusiones e informes finales (día 24), las defensas presentarán sus informes (días 26 y 27) y finalmente habrá dos días reservados para posibles eventualidades (30 y 31 de enero).
Se trata de la pieza número 2 de las 26 que integran el caso Palma Arena, en el marco de la cual el Ministerio Público y la acusación particular postulan que los acusados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros. Todo ello después de que el articulista acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas.
Unas acusaciones que ha negado hasta el momento el expresidente al asegurar que nunca se concertó con el periodista para que éste cobrase por sus servicios "fuera de los cauces legales", por lo que su defensa, ejercida por el letrado Antonio Alberca, solicita su libre absolución. También el abogado de Alemany, Javier Fernández, pide que su patrocinado sea absuelto de las acusaciones que pesan sobre él.
No obstante, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau así como la abogada del Gobierno balear María Ángeles Berrocal sostienen que Alemany acudió a Matas para solicitar una forma de retribuirle los servicios que le venía prestando desde antes de que éste fuese presidente -elaboración de discursos e intervenciones públicas-, una conducta que, "adornada con las formalidades legales necesarias", habría llevado a cabo durante toda la legislatura 2003-2007 compatibilizando la redacción de los mismos con la crítica periodística "favorable" a través de los medios en los que Alemany colaboraba.
La intención del periodista, según las acusaciones, era no aparecer públicamente como autor de los discursos y percibir subvenciones públicas para sus distintas empresas, con el "pleno conocimiento" por parte de Matas de esta contratación encubierta que generaba además la creación de "un clima de opinión favorable al presidente" y permitía "ensalzar la actividad política de Matas".
Mientras tanto, otra de las acusaciones vertidas se refiere a la subvención de 449.734 euros concedida a la Agencia Balear de Noticias (ABN), creada expresamente por Alemany para poder optar a esta cantidad y camuflar de este modo la verdadera intención de la subvención: poner en marcha un periódico digital -Libertad Balear- afín a la actuación del Gobierno del PP, motivo por el cual Matas accedió a esta solicitud. Alemany situó a uno de sus sobrinos como administrador único de ABN presuntamente para ocultar su participación y poder solicitar la subvención.