En el texto de la denuncia, la AUGC acusa a los Mossos de desobediencia --haciendo alusión al artículo 419.1 del Código Penal--, de prevaricación --explicado en el artículo 404-- y de malversación de caudales públicos, --contemplado en el artículo 432--.
Además, argumentan en un comunicado que los agentes del cuerpo "no han ejercido sus competencias" para aplicar las resoluciones y mandatos judiciales, a los que "no han dado cumplimiento estricto".
Así, han calificado --de ser ciertos, han martizado-- de "graves", al tiempo que han solicitado a la Fiscalía que los investigue y que adopte las prevenciones "estén previstas en el ordenamiento jurídico".
Por su parte, los servicios jurídicos de dicha asociación han presentado también otra denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en relación a los hechos ocurridos en la localidad barcelonesa de Calella, de donde se ha "expulsado" a dos centenares de guardias civiles del hotel donde se alojaban.
En ella, se quejan de que la alcaldesa de Calella pudiera haber intervenido llamando al director del hotel: "Le habría dicho que, o echaba a los agentes, o paralizaría el expediente de una licencia de reforma total del establecimiento", explican.
En este sentido, han lamentado el "pasillo de vergüenza" por el que consideran que sus agentes han tenido que pasar y en el que han sido "vilipendiados por los independentistas" y recuerdan que la AUGC fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, premio que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España.